Con 266 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la armonización de nueve leyes secundarias con el artículo 19 constitucional para aplicar la prisión preventiva oficiosa por los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, huachicoleo, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción.

Se impondrá también esa medida a los presuntos responsables de robo al transporte de carga y desaparición forzada de personas, así como delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

¿Qué es la prisión preventiva?

Es una medida cautelar impuesta al imputado por un juez, la cual consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal con el fin de asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal.

El proyecto de decreto aumenta además de siete a ocho años de cárcel la pena máxima por portación de armas de fuego sin licencia, así como de uno a cuatro años de prisión la pena mínima por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, el legislador morenista Rubén Cayetano subrayó la necesidad de perfeccionar la legislación para combatir los delitos graves y la corrupción, además de agravar las penas para la portación de armas de fuego.

“Podemos constatar que los anteriores delitos antes citados son de carácter grave y lesionan significativamente el tejido social impidiendo una correcta administración de justicia en favor de la sociedad mexicana”, indicó.