El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma al Artículo 151 de Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que propone que los donativos también se sujeten a la limitante global en las deducciones personales, ello al señalar que esto desmotivaría a personas físicas a apoyar a organizaciones de la sociedad civil ante la restricción para descontar estas aportaciones. 

La propuesta de adición a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), emitida por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2021, señala que, de conformidad con lo establecido en el artículo 151, en su último párrafo, el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto; esto es, en esa disposición se establece una limitante global para las deducciones.  

Así, el monto total de las deducciones personales que podrán efectuar los contribuyentes no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA (163,467.00 pesos) o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluidos los donativos.

Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en San Lázaro adelantó que su bancada presentará reservas sobre el tema durante la discusión de dicha iniciativa en el pleno.

En tanto, los diputados priistas acusaron que con este tipo de acciones, el gobierno de Morena muestra su insensibilidad con la labor social que realiza la sociedad civil en favor de grupos vulnerables, ya que “si no les dan, que no les quiten”, lanzaron.

Los legisladores estimaron que, de aprobarse estas modificaciones, implicarían una afectación a más de cinco mil organizaciones donatarias constituidas, por un total de 8,221 millones 294,801 pesos, perjudicando acciones de asistencia jurídica, orientación en problemáticas de maltrato y violencia, apoyo a personas con discapacidad, y servicios médicos, atención a procesos educativos de niñas, niños y adolescentes, ayuda en sus tratamientos médicos y hospitalarios, y apoyo en albergues y casas hogares.

Asimismo, indicaron que aunque se trata de una medida que busca recaudar más impuestos, es poco lo que le representaría al erario y mucho para las organizaciones de la sociedad civil, ya que perjudicaría a dos millones de familias en condición de vulnerabilidad.

Por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Tania Ramírez, presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim) calificó la propuesta del Ejecutivo como medida con efectos regresivos en términos de derechos humanos. Recordó que ya hubo bajas entre este tipo de organizaciones cuando la actual administración decidió dejar de darles apoyo y puntualizó que el 74% de las OSC reciben recursos en carácter de donatarias calificadas.

“Nos parece también que esta medida atenta contra el sentido de la solidaridad y de la corresponsabilidad, tan importantes de fomentar en la cultura mexicana y más aún en un contexto de crisis por pandemia y económica.

“Si bien tres de cada cuatro personas en las OSC son voluntarias (lo que indica que el trabajo e impacto positivo siempre es mayor al de los ingresos que obtienen), operar y coordinar este trabajo depende de organizaciones en buen estado económico”, añadió la defensora.

En tanto, David Pérez Rulfo, presidente de Corporativa de Fundaciones advirtió que la intención es un tema recaudatorio por parte del Ejecutivo, pero el gobierno no entiende que lo que se dona no es lo que el Estado deja de recaudar, ya que el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil multiplicar cinco veces ese valor a la hora de ayudar. Kenji López, presidente de Cáncer Warrior dijo que a mayor trabajo de la sociedad civil hay tristemente mayor restricción.