Con 420 votos a favor y 15 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales para acotar el fuero del Presidente de la República y establecer la posibilidad de imputarlo y juzgarlo no solo por traición a la patria y delitos graves, sino también por hechos de corrupción, delitos electorales y cualquier otro acto ilícito.

Como uno de los primeros puntos del periodo ordinario que inició ayer, los diputados buscaron reformar la Constitución para que el Presidente puedan ser juzgado como cualquier ciudadano y pone fin a la inmunidad procesal del titular del Ejecutivo.

La fracción de Morena está convencida de terminar con la figura del fuero, con la cual, servidores públicos de alto rango se protegían si llegaban a cometer abusos en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto de reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución ya fue avalado en comisiones y está listo para ser llevado a votación en el pleno.

¿Por cuáles delitos podría ser juzgado un Presidente?

Un juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de

Abuso o violencia sexual contra menores

Delincuencia organizada

Homicidio doloso

Feminicidio

Violación

Secuestro

Trata de personas

Robo de casa habitación

Uso de programas sociales con fines electorales

Corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones

Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades

Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos

Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares

Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos

Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Tal como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, dicha reforma se convirtió así en la primera en ser discutida y aprobada durante el recién iniciado periodo ordinario de sesiones de San Lázaro y de inmediato fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

De acuerdo con el dictamen avalado por mayoría calificada, “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano”.

No obstante, para iniciar un proceso penal contra el titular del Ejecutivo será preciso acusarlo primero ante el Senado de la República, que en su caso deberá resolver conforme a la legislación penal.