Mal asunto para la justicia dar credibilidad a las palabras de un delincuente. Esa es la realidad de la economía judicial penal. Ante el colapso moral y también legal de la autoinculpación, lo que queda es la incriminación de un criminal, particularmente si a cambio de su dicho obtiene ventaja. El sistema de ahora con frecuencia pende de una prueba de frágil veracidad; ocurre en México en la lucha contra la corrupción a través de los llamados criterios de oportunidad, y sucede en Estados Unidos bajo el régimen de testigo protegido. Para el presidente López Obrador el enemigo son los delincuentes de cuello blanco y nada mejor que un delincuente auténtico delator.
Viene al caso por la detención del exconvicto Rafael Caro Quintero, criminal legendario al que se le acredita la siembra y el comercio masivo del cannabis lo que ahora es de consumo común, generalizado y con frecuencia, legal. Pocos agrónomos han logrado con el maíz o el trigo, lo que el de Badiraguato logró con la marihuana: mejora de técnicas de producción, eficiente comercialización y el desarrollo genético de variantes de considerable poder alucinógeno.
Viene al caso por el temor de lo que el ahora aprehendido pudiera decir de la connivencia con autoridades en su tiempo de exitoso agricultor, comerciante y emprendedor. Otra leyenda le persigue, la del agente norteamericano de la DEA, Kiki Camarena, a la que la agencia y el drama televisado y del streaming ha vuelto un héroe. La cabeza de Caro Quintero tenía alto precio. El sentimiento de triunfo de sus perseguidores se hace sentir. La DEA se acredita el trabajo de inteligencia y la Marina mexicana el exitoso operativo. Si hubiera continuidad los chapitos, el Mencho, el Mayo Zambada y muchos otros estarían bajo asedio. No es así. La detención no es una medida ejemplar, ni un cambio en eso de abrazos no balazos. Es un ajuste de cuentas de la DEA a nombre de Kiki.
La ingenuidad no conoce de límites, como eso de creer que la detención de Caro Quintero fue la tercera ofrenda de López Obrador a su par norteamericano. La DEA lo presume oficialmente, la iniciativa vino de ellos. En todo caso la duda que mata es por qué hubo 13 intentos fracasados recientes; eso sí hace pensar que hubo instrucción superior de no errar. ¿Es para agradecerse?
No se entiende que si Caro Quintero pasó décadas en la cárcel por qué ahora diría lo que no declaró a lo largo de tanto tiempo. ¿A quién podría acalambrar un hecho de hace casi 40 años? Probablemente a algún jubilado de la DEA. En México sólo hay espacio para la sospecha respecto a quien fuera secretario de Gobernación en aquél entonces, Manuel Bartlett, quizás el único personaje vigente y de interés de aquella saga siniestra y no menos dramática; Bartlett otra víctima de la sospecha que mata. Ni José Antonio Zorrilla sobrevive, sentenciado por el homicidio de Manuel Buendía y funcionario importante a las órdenes de Bartlett. Tampoco hay un Granados Chapa o Scherer García para escudriñar en las responsabilidades del pasado. La realidad es que la ausencia de justicia vuelve la duda o la certeza de antaño vigente, así es con Luis Echeverría o la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio. ¿Acaso ya fue resuelto el de Francisco Ruiz Massieu?
La duda que mata es secuela de la ausencia de justicia legal, que aunque la 4T no lo crea, es la única válida. La narrativa de los eventos criminales al margen de la legalidad no sólo cobra vigencia, sino que se vuelve mandato para perseguir y para condenar pasado y presente. Caro Quintero tendría que ser extraditado y allá, ante los fiscales norteamericanos construir un caso a la medida del prejuicio y del ánimo de venganza. Como Emilio Lozoya, el mayito o el compañero de celda de García Luna podría decir lo que pida el acusador con tal de ganar beneficios de ley. Mientras, en nuestro país la impunidad del día a día persiste con todo su oprobio. Por cierto, y ya entrados en confidencias, gratitudes y ofrendas, sería bueno pedir a la DEA colaboración para dar con José Noriel Portillo Gil, el Chueco, el asesino de la Tarahumara.
