El aparato de justicia es ineficaz y existen muchos huecos por los que los delincuentes pueden colarse. En otras palabras, está podrido.

Un hombre poderoso y acaudalado, acostumbrado a hacer suvoluntad en la Universidad Nacional y en el Poder Judicial desde hace décadas, no iba aceptar su derrota fácilmente. 

Quien se siente emperador también se cree intocable. Ese es el caso de ELB y por eso desestima la importancia de estar vinculado a un proceso penal por hostigamiento sexual agravado. 

Acostumbrado a maltratar a sus alumnos y a hostigar a sus alumnas, todo impunemente hasta ahora, no es extraño descubrir que también es la clase de sujeto que cuando pierde arrebata. Así, ahora se ha buscado un juez a modo -hay muchos en el Poder Judicial y la sociedad lo sabe-, para obtener una suspensión contra los actos que interrumpieron su presencia en la Universidad, en la Facultad de Derecho y en el Tribunal Universitario.

La suspensión es un absurdo jurídico y una burla a la ley porque la tramitó y obtuvo en un juzgado laboral, donde combatió actos de carácter administrativo, pues nunca fue despedido (solo estaba suspendido) de la Universidad. Nunca se afectaron sus derechos laborales ni se retuvo su salario y sin embargo, el juez decidió ordenar su reinstalación cuando no hay despido. El juez de Distrito que otorgó esa suspensión, Gabriel Domínguez Barrios, debe ser investigado inmediatamente por el Consejo de la Judicatura Federal, porque al dar entrada y trámite a un asunto fuera de su materia de competencia, se hizo cómplice de una chicana para violentar las medidas cautelares dictadas para protegerme de ELB, impuestas en el juicio penal por acoso sexual agravado en perjuicio de mi persona, que se siguecontra este sujeto.

Así que el juez Domínguez Barrios es, a partir de ahora, no solo responsable de haberse inmiscuido negativamente y sin sustento legal, en un asunto que entraña riesgos de violencia de género, también es corresponsable de cualquier agresión en mi contra, molestia a mi persona  y violación a mi seguridad, pues le ha dado a mi agresor un pase de acceso a la UNAM para que pueda seguir violentándome.

De la Rectoría de la UNAM no me extraña el tibio comunicado en el que advierte que acatará el mandato de un juez y con ello desatenderá, en perjuicio mío, las medidas cautelares dictadas por otro juez. Durante dos años busqué al Rector Enrique Graue y a su abogada general, Mónica González Contró, para que me ayudaran y me protegieran. Nunca recibí de ellos, ni siquiera la cortesía de recibirme y escucharme. Ellos, me queda claro, no tienen empeño ni esmero por la protección y salvaguarda de la integridad de los integrantes de la comunidad universitaria, y también son corresponsables de lo que pueda ocurrir en mi caso.

Por mi parte, ya trabajo para promover un incidente en el que se me reconozca como tercera interesada, condición desde la cual exigiré la revocación de esa ilegal suspensión, (amparo).

La soberbia y la ambición de poder de mi agresor no tienen límite, pues hay que tener la cara muy dura para no entender que su carrera universitaria se acabó por más suspensiones que tramite y consiga. Todos los años de profesor de que se ufana quedarán reducidos a nada, pues por lo único que ELB será recordado en la vida universitaria, es por haber arrastrado por el fango el nombre de la universidad, por haber sido el primer presidente del Tribunal Universitario llevado a juicio y destituido por acoso, y por ser el principal acosador en la UNAM.