En la actualidad, la educación ya debe de ser considerada como un auténtico y pleno derecho humano. Nuestra Carta Magna, en su artículo 3º, indica que toda persona tiene derecho a recibirla; y establece que deberán impartirla y garantizarla —desde la educación inicial, hasta la superior— todos los órdenes de gobierno: federación, entidades federativas y municipios, de manera concurrente.

Conviene dejar de ver a la educación como uno de los derechos sociales, dependiente de la factibilidad presupuestaria, las prioridades de gasto de administración o de la visión ideológica de quienes están en el gobierno. Es el elevador social por excelencia de las personas, que les permite el acceso a otros derechos humanos, además de ser un factor que impacta de manera positiva en la economía de las familias y del país.

Prueba de lo anterior queda demostrado mediante el análisis del Índice de Competitividad Estatal 2023, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, que estudia a las 32 entidades federativas, que otorga una evaluación que va de competitividad muy baja a muy alta.

El Índice clasifica como una entidad competitiva a aquella que resulta —de forma consistente— atractiva para atraer el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes.

Se identificó que las entidades mejor evaluadas fueron la Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León, y en el extremo opuesto, las entidades consideradas menos favorecidas por el índice fueron Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

En el subíndice Sociedad, se destacan dos datos por demás reveladores. El primero identifica que mientras en la Ciudad de México se tienen 11.6 años promedio de escolaridad en la población de 25 años o más, en la entidad federativa menos competitiva, Guerrero, se identificaron sólo 7.6 años. El segundo dato nos indica que mientras en la capital la esperanza de vida es de 76.8 años, en Guerrero desciende a 73.6 años.

Lo hemos dicho aquí, según datos de la UNAM se reveló que 71% de los muertos por covid-19 tuvieron una escolaridad sólo de primaria o inferior.

Por lo que hace al subíndice Infraestructura, se destaca que mientras  en la Ciudad de México 76% de las viviendas cuentan con acceso a internet, Chiapas alcanza 22 por ciento. Existe ya el concepto que quienes no tienen acceso al internet son parte de un grupo vulnerable y discriminado.

Es innegable la relación que guarda la educación y las diversas formas de desarrollo, pues son complementarios. La especialización del capital humano no es beneficiosa sin centros de trabajo, y estos últimos tampoco lo son sin infraestructura física que eficiente sus operaciones.

Es importante la inversión pública estratégica del Estado y cuidar que esta inversión sea equitativa, pues en 2020, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria identificó que el gasto en educación básica es progresivo y se concentra en 54.9% en la atención a los tres deciles de ingresos más bajos. Sin embargo, el gasto de educación superior se identificó regresivo e inequitativo, pues sólo 5.6% del gasto atendió al nivel económico más bajo, en tanto que 11.3% y 6.3% atendieron a los más elevados.

El diagnóstico es claro: el desarrollo nacional debe fincarse bajo una estructura fundamental, que es la educación. Por ello, una mayor y equitativa inversión pública en la educación de calidad es la mejor alternativa para combatir las más lacerantes causas de la pobreza y desigualdad social en nuestro país.

Como Corolario la frase del activista, Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.