“Claudia no está/ Claudia se fue/ Claudia escapa de mi vida…” podría tararear esto como si fuera una canción de Nek y aplicarlo a la jefa de Gobierno prácticamente ha dejado su cargo y asume su papel como candidata (sin aval) al relevo presidencial. La vemos cada día más activa en esa línea y prácticamente habría dejado que el manejo administrativo y político para lo que fue electa y deje todo en manos del senador con licencia Martí Batres Guadarrama, quien por supuesto, no desaprovecha la oportunidad para avanzar en su interés personal.   

¡Cuidado! El grupo de Sheinbaum están comiendo ansias y dejando de largo que falta mucho por cumplir en la Ciudad de México y los frentes abiertos, heridos y muertos en el camino son muchos y en cualquier momento le pueden reventar y no sólo frenar su sueño presidencial sino hasta tumbar el interés de su secretario de Gobierno de ser el candidato al cargo en el 2024. 

El 2024 pasa por el 2022 y ayer la mayoría y la soberbia de la bancada de MORENA y aliados en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron en la Junta de Coordinación Política el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, el año de la reactivación ha dicho la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Muy importante, porque este proyecto de gasto público para la capital del país implica también la que será la última oportunidad para que Claudia Sheinbaum demuestre sus capacidades administrativas y proyecciones de políticas públicas de trascendencia, si es que quiere saltar con éxito y continuar su placeo nacional, su road show local y mundial, y afianzar su lugar como la consentida de Palacio.

Es la actual de jefa de Gobierno a quien más mencionan como potencial candidata presidencial del partido en el poder porque, afirman, es la consentida de Palacio, es la que podría dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación y quien podría llegar a ser la primera presidenta de la nación y, además, la primera con sangre netamente de la izquierda. Por cierto, algo muy similar se decía del entonces regente del DDF Manuel Camacho Solís respecto a la continuidad del proyecto modernizador de Carlos Salinas de Gortari, y no fue electo.

La proyección de Sheinbaum como “el anclaje de la 4T en la izquierda” suena bien, pero en el discurso, porque en los hechos hay señales encontradas: el proyecto es amañado para uso discrecional de recursos públicos, abuso de la promoción de la personalidad de la jefa de Gobierno y, lo más delicado, el presupuesto pinta más para una privatización de políticas sociales y reconstruir por vía del neocorporativismo esa CNOP priista sólo que ahora bajo la tutela de MORENA.

Un punto significativo es que justo cuando estábamos escribiendo esta columna, la sede del Congreso local de la Ciudad de México estaba cercado por vallas y policías de disuasión, es decir, por granaderos, esos que tanto publicitaron su desaparición, pero que siguen tan vivitos como lo vimos el pasado domingo con el enfrentamiento con la caravana de migrantes y que antes también han actuado contra alcaldes electos de partidos de oposición, contra feministas, contra grupos de presión y contra ambulantes. 

El motivo del resguardo del recinto local legislativo es que no hubiera protestas sociales (aunque sí las hubo) para la aprobación del Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el 2022, que como ya mencionamos está promovido oficialmente por el gobierno local como “del año de la recuperación”, es decir, que el objetivo principal sería la reactivación económica de la capital con un monto de poco más 234 mil millones. 

Suena bien, porque hablan de un incremento del nueve por ciento respeto al año pasado, sin considerar, claro está que la inflación acumulada este año fue del siete por ciento. Legisladores y funcionarios de Finanzas de la Ciudad han insistido en no modificar ni una coma al proyecto y eso es sumamente preocupante como señal política de negociación y construcción de consensos, cuanto más cuando este año la correlación de fuerzas en la CDMX es muy distinta a como la recibieron en 2018. 

Para ello, de acuerdo con la versión oficial, para la reactivación económica se erogará “20.6% a la vivienda y servicios a la comunidad, 16.8% a asuntos de orden público y seguridad; 13.4% al transporte; 5.5% a protección social; 9.9% a salud y….  22.3% a otros gastos”, esto último sin especificar de qué se trata y según ha trascendido es para trabajos de difusión.

De ahí que ya varios actores políticos, además de las alcaldías, han levantado las cejas por todo lo que ello implica. Por ejemplo, y vamos a citar el diagnóstico de la  Unidad de Acción Popular, que agrupa más de una decena de organizaciones del movimiento urbano popular, detrás de este proyecto de Presupuesto para el 2022 se observan las siguientes intenciones políticas que “buscan privatizar varios programas sociales como la vivienda y la reactivación económica, además de un oculto interés por desarticular, doblegar y desentender al movimiento urbano popular y sus conquistas históricas en la Ciudad de México”.

Y es que, por ejemplo, y en contra sentido al discurso de “somos diferentes” y “aquí el presupuesto es democrático”, hay esquema de opacidad y discrecionalidad en 42.9 por ciento de los recursos, si se suman “otros gastos” al presupuesto de vivienda, el cual está lleno de incertidumbre y muchas contradicciones. Estamos hablando de recursos públicos de la CDMX del orden de los ¡Cien mil 386 millones de pesos!

“El tema de la vivienda manejada por INVI no se tiene claridad de cuántos proyectos de vivienda social estarán apoyados, porque por un lado se habla de mil 400 desarrollos, pero se han detectado que sumarían más de cuatro mil para el Centro Histórico, Tlalpan, Vallejo, Santa María la Redonda y Tláhuac, entre otros, los cuales, según han dicho, no pasarán directamente al apoyo de vivienda popular sino para otro tipo de segmentos poblacionales que no son precisamente los más pobres de la Ciudad”, acusan.

Los derechos sociales como a la salud fueron recortados injustificadamente, a pesar de que la pandemia no se ha ido ni se irá y que los sanatorios y hospitales a cargo del gobierno capitalino operan en condiciones más que paupérrimas, abriendo crisis como casos de desabasto de medicamentos y la corrupción de los centros de salud. En materia del derecho al trabajo, quedan olvidados y atacados por declaraciones de legisladores y actores políticos afines al gobierno de la CDMX como lo es la advertencia de erradicación del ambulantaje y algunos intentos por forzar su matriculación hacendaria sin brindar opciones reales para un empleo y vida dignos, tal cual está establecido en la Constitución local. Se advierte un interés por favorecer a las mafias que han controlado el ambulantaje históricamente y se quiere obligar a los demás grupos a una afiliación obligada. 

Finalmente, hay preocupación porque se ha anunciado que el Fondo para el Ahorro Social (Fondeso) ofertará alrededor de 30 mil créditos, recursos de los cuales en su mayoría irán destinados una buena parte de las PYMES (que debería ser tarea más de la Secretaría de Economía federal que de un órgano financiero local y popular), olvidándose la microeconomía, la economía de autosuficiencia y la informalidad, que van tres años sin un plan que dé solución integral a este sector que sigue creciendo, dados los efectos de la pandemia y el desempleo.

El 2024 pasa por el 2022 para Claudia Sheinbaum, y no es el momento de que de facto se abandone el cargo por una calentura electoral. El congreso de la Ciudad de México será un escenario donde tenga que tender más puentes no sólo con los partidos allí representados, sino con las organizaciones sociales, esas que son la izquierda social del movimiento urbano popular que se están cansando; los grupos económicos y políticos que están activos y exigiendo atención en su legítimo derecho. 

Las condiciones para alcanzar acuerdos y tender puentes no son las mismas con la que llegó en 2018, y este año los ciudadanos de la capital con su voto de castigo, le llamaron la atención de que no sólo de publicidad de fotografía y promoción personal internacional se logra un buen gobierno, sino siendo abiertos y capaces de corregir y tomar las riendas de la política para demostrar que sí hay proyecto y sí hay visión de izquierda, en lugar de sostenerse en la lógica de restauración del viejo modelo.

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