El abuso de poder contra periodistas
En 2005 se publicó un libro firmado por la periodista Lydia Cacho, donde se reportaba una red de explotación sexual infantil, que involucraba a empresarios y políticos de aquella época. Producto de las relaciones, Lydia Cacho fue perseguida por el gobernador de Puebla, Mario Marín, quien envió agentes ministeriales a Cancún para detenerla por los delitos de calumnia y difamación, y ordenó su traslado a Puebla.
En el recorrido, de acuerdo con la denuncia de Cacho, fue sometida a tortura psicológica por los agentes ministeriales en un recorrido que duró cerca de veinte horas por carretera, donde fue amenazada y privada de alimentos y descanso.
Más tarde fue absuelta de los delitos, pero la situación no terminó ahí. Se reveló un audio donde se escuchaba al gobernador Mario Marín reconociendo la orden para detenerla y “darle un coscorrón”, en referencia a la violencia con la que se le pidió que retirara las publicaciones y negara los resultados de su investigación.
La Suprema Corte de Justicia inició entonces un proceso por tortura contra el entonces gobernador y los jefes de policía. Fue hasta febrero de 2021, casi 16 años después, que Mario Marín fue detenido en Acapulco. Meses más tarde fue detenido el empresario Jean Succar Kuri, y el exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán. Parecía que finalmente los responsables pagarían por sus delitos.
Esta semana nos enteramos, nuevamente de voz de la propia Lydia Cacho, que un juzgado en Quintana Roo ordenó la liberación de Mario Marín y Hugo Karam, para que sigan su proceso fuera de prisión. Al exgobernador poblano se le ordenó arresto domiciliario, mientras que al ex funcionario policial solo se le citó a firmar en el penal cada quince días. Esta determinación se da a pesar de las quejas y solicitudes de la representación jurídica de Cacho, que han insistido en la posibilidad de una fuga del exgobernador Marín gracias a sus recursos y conexiones políticas y empresariales.
Cuando parecía cercana la etapa de dictado de sentencia para ambos personajes, con pruebas claras de su responsabilidad en la tortura de una periodista por hacer su trabajo, nos encontramos con la posibilidad de que la sentencia no pueda hacer que paguen por sus crímenes, o que en algún momento se sustraigan de la acción de la justicia, es decir, que decidan escapar con la ayuda de alguna autoridad coludida.
El episodio se enmarca en el contexto más amplio de violencia contra periodistas en México. Hace unos cuantos días le conté del lamentable asesinato de Alejandro Martínez Noguez, en Celaya, Guanajuato, que sumaba 167 asesinatos de periodistas en México desde 2000. Ahora, Lydia Cacho vuelve a estar en peligro por las amenazas y riesgos generados por enfrentar a grupos de poder y de intereses que han sido exhibidos en sus actividades.
El abuso de poder contra el periodismo es condenable en todas sus expresiones. Ya sea el señalamiento y escarnio públicos desde una conferencia en Palacio Nacional, o la persecución policial con la fuerza del Estado para silenciar publicaciones incómodas, pasando por la negligencia en la garantía de la protección a la vida y a la propiedad de las y los periodistas, cualquier acto de autoridad que termine por silenciar la voz crítica que reporta la realidad es un ataque directo contra la democracia, hoy en riesgo.
