El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es más que una megaobra de infraestructura de relumbrón: es un símbolo político para el discurso de Andrés Manuel López Obrador, porque con ella manda una señal para los mexicanos de que dicha terminal área sintetiza la “Cuarta Transformación”.
Es un símbolo político porque sepulta concreta y definitivamente la obra insigne del pasado del PRI y PAN que por lo menos dos décadas pugnaron por construir el aeropuerto en la zona de Texcoco, donde más allá de los supuestos problemas ambientales se habían edificado jugosos negocios político-empresariales, desde la propiedad de la tierra hasta las concesiones de servicios conexos con que iba a contar el ya finiquitado “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.
Recordemos los tres momentos que fueron postergando este negocio. Uno, en 1995 cuando el gobierno de Ernesto Zedillo tenía tomada la decisión sobre Texcoco, luego de estudios multidisciplinarios que daban cuenta de las ventajas competitivas frente a otras opciones como Tizayuca, Toluca o Querétaro (entonces Santa Lucía no fue considerada por ser una base militar y de seguridad nacional). Fue la ruptura con el llamado Grupo Atlacomulco después de la matanza de Acteal, y que provocara la renuncia de Emilio Chuayffet lo que llevó a postergar el arranque de la obra cuando ya se tenía un plan maestro llamado “Pro- Oriente”, el cual consistía en el desarrollo de siete ciudades satélites para equipar al aeropuerto y contener la mancha urbana de la zona oriente del Valle de México.
El segundo momento fue con Vicente Fox en 2002, cuyo gobierno gerencial nunca entendió razones sociales, y quien, con la torpe alianza con el entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, provocaron la radicalización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con las consecuencias de estallido, persecución y represión que pusieron otra lápida al proyecto aeroportuario.
El tercer y último momento fue con Enrique Peña Nieto, quien, sin presiones sociales, ni de ambientalistas, ni de resistencias comunitarias de por medio y con una maquinaria financiera y de negocios bien afinada, presentó el proyecto como el del siglo y para beneficio de usuarios comunes, pero sobre todo para las transacciones de negocios internacionales. Todo aceitado, decían, pero no hubo estrategia política, social y mediática inteligente que desactivara resistencias y defendiera la obra.
La maquinaria de la corrupción, sin embrago, sí avanzó: abusos contra los comuneros y poblaciones aledañas, corrupción hasta con la arena y la grava y mucha opacidad de quienes estarían siendo beneficiados con la magna obra. Lo lamentable es que ninguno de lo que fueron señalados en público y en privado ha sido sancionado. Llegó la sucesión presidencial del 2018 y la obra tuvo que cancelarse cuando se tenía un 33 por ciento de avance, haciendo trastabillar al gabinete económico (donde los moderados perdieron el primer round) y a sus pactos con varios de los empresarios involucrados en el NAIM, dejando a Alfonso Romo y a Carlos M. Urzúa colgados de la brocha y sin capacidad de maniobra para recuperar la confianza de inversionistas.
Por esta razones, la bandera contra la corrupción se simboliza en el AIFA, que ayer se inauguró después de dos años y medio de construcción; la primera obra pública emblemática y llena de simbolismo político con un costo de 75 mil millones de pesos, frente a los 300 mil millones de pesos según el precio estimado por la pasada administración, de los cuales se habrían invertido cien mil millones hasta el momento de su cancelación definitiva, más casi 170 mil millones que se deben pagar a los bonistas que invirtieron, según los datos oficiales transmitidos en el documental “Una obra del pueblo”.
Si bien a la fecha no se ha llevado a cabo ningún juicio para sancionar a los presuntos responsables de la corrupción del anterior proyecto del NAICM, nos queda claro que los objetivos fueron más políticos y mediáticos que judiciales; una lección de que la legitimidad democrática del presidente López Obrador tiene impacto en decisiones de esta naturaleza por más fuertes que sean los intereses económicos y políticos detrás.
Esta obra, se dice en el discurso oficial, generó 162 mil empleos en 880 días que duró la adecuación de la base militar aérea de Santa Lucia en terminal para uso comercial. Participaron 195 ingenieros militares dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, como suele ocurrir en obras de esta magnitud, también hubo diez decesos por accidentes e imprevistos.
Una primera obra al resguardo de las fuerzas armadas mexicanas que han cumplido con el comandante supremo, pero también con simbolismo político porque los mensajes de los generales previo y durante la inauguración son de alto contenido político, porque es finalmente el regreso a la actividad del otrora sector militar de los partidos.
Sí, la obra está inconclusa, pero es el principio del traspaso irreversible de funciones del actual aeropuerto internacional Benito Juárez al Felipe Ángeles, porque muy difícil que, con nuevo gobierno o nuevo partido en el poder, se busque rescatar la obra de Texcoco, pues esa quedaría enterrada definitivamente.
Grandes obras en el mundo tienen simbolismo, desde la Muralla China al “Muro de Trump”, cada régimen busca dejar su huella, su emblema para la posteridad. El AIFA se refiere a una concepción de quién y qué se supone que debe ser el ciudadano y quién sí puede ser bienvenido a la “Cuarta República”.
En el análisis del poder político y simbolismo en la obra del antropólogo Víctor W. Turner, se habla del “procesualismo” o el “ritualismo” que desatan los símbolos, esos que desafían cualquier intento de definición pero cuyo fin es preservar "las huellas de una memoria y de sus contextos de uso; un juego entre el pasado, el presente y la red de los posibles futuros" y dirigido para que se afiance más lealtad de sus seguidores, marque la diferencia de sus adversarios y coloque en el subconsciente colectivo la idea de una imagen de fuerza y poder. Y este es el problema de las obras cubiertas de simbolismos religiosos, políticos y esotéricos, que sólo van dirigidas a sus fieles, no al amplio espectro social y, ahí, será el propio AMLO quien asuma el papel de estadista para descontaminarlo.
¿Podrá el AIFA ser una obra que marque esas diferencias entre el pasado y el futuro? ¿Habrá tiempo para darle la continuidad a las obras inconclusas y que tal obra sea valorada más allá del sexenio y de este modo calle todas las voces que ahora se quejan y lloran por los polvos de Texcoco? Son preguntas y, por ahora, el gobierno de AMLO tiene la obligación de atender al resto de los mexicanos que se sienten desilusionados por esta obra y no sólo sus clásicas burlas, sus promesas y buenos deseos.
Contacto: feleon_2000@yahoo.com
