Familiares de Rosario Robles denunciarán la violación de derechos humanos ante instancias internacionales que aseguran, ha padecido la ex funcionaria quien está presa desde hace más de dos años y sin juicio por el caso de desvíos millonarios del dinero público mediante la Estafa Maestra.

Francisco Robles Berlanga, hermano de la acusada, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que podría revisarse la actuación del juez que decidió mantener presa a Rosario Robles por riesgo de fuga, pese a que los cargos no son graves, aunado al amparo ratificado por un Tribunal para revisar las medidas cautelares excesivas. Además, el mandatario sugirió que podría intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Siguiendo su recomendación saldremos a denunciar ante las instancias internacionales, que la justicia en México tiene como motivación el rencor y la venganza”, aseguró el familiar de la ex funcionaria.

Fuentes cercanas al caso comentaron a Infobae México que las instancias correspondientes serán definidas a más tardar el próximo lunes 25 de octubre. Pero es un hecho que se acudirá a organismos con sede en el extranjero y a cuyos convenios en el respeto a Derechos Humanos está sujeto México.

Pues el hermano de Rosario Robles precisó que, desde el 16 de diciembre de 2019 existe una queja ante la CNDH que encabeza Rosario Piedra Ibarra, pero hasta el momento no han trascendido avances.

El documento, a cuya copia accedió este medio, señala que el Ministerio Público Federal ha recurrido a mentiras, falsificaciones y difamaciones para privar de la libertad a la ex funcionaria y enseguida enlista hasta cinco conductas irregulares.

Por ejemplo, que el informe de inteligencia de la Fiscalía General de la República, donde se indica una licencia de conducir con direcciones dudosas, no fue corroborado y se dio por cierto aunque hacía referencia a un domicilio inexistente.

Además, Rosario Robles especificó a la CNDH que el delito en su contra fue por ejercicio indebido del servicio público, al no haber rendido un informe escrito al entonces presidente Enrique Peña Nieto, sobre anomalías reportadas por la Auditoría Superior de la Federación. De ahí que se derivó su vinculación mediática con la Estafa Maestra y su imagen fue afectada por ilícitos patrimoniales.

Hace dos años, la imputada aseguró que se faltó al debido proceso en su caso con una actuación tramposa y también se violentó su presunción de inocencia, así como violaciones a libertad personal, honra y dignidad; en suma, razones que constituyen un abuso de poder. Y cuando aún no habían sido procesados otros presuntos responsables, también alegó un acto discriminatorio en razón de género.

Cabe destacar que magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal ratificaron un amparo en el que se desechó la evidencia de licencias falsas el pasado 7 de octubre.

Tres días antes había sido favorecida para que el fiscal Alejandro Gertz Manero no haga comentarios sobre el caso, pues el titular de la FGR faltó a ese derecho el 12 de agosto de 2020, cuando comparó los procesos de Emilio Lozoya y para la ex funcionaria dio por sentada su culpabilidad.

Pese a los recursos judiciales y luego de casi tres horas, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos. determinó que Rosario Robles debía seguir en prisión preventiva justificada porque prevalecía un alto riesgo de fuga.

Aunque el juzgador aceptó que otras medidas eran idóneas, como el brazalete electrónico o el arraigo domiciliar que esperaba la defensa, también señaló que si la ex funcionaria quedaba a resguardo en su domicilio, se le facilitarían los medios para huir del territorio mexicano.

Al término de la comparecencia, el abogado de Rosario Robles habló con su clienta y decidieron impugnar la decisión de Villar Ceballos.

Tras ser cuestionado sobre una venganza política, el presidente López Obrador aseguró que en su administración no se fabricaban delitos ni se perseguía a nadie. Ahora la estrategia rebasará tribunales nacionales en un caso que implica al menos el desvío de 5 mil millones de pesos que habrían sido triangulados para campañas electorales.