El 2 de marzo, la cúpula empresarial elegirá a quien reemplace a Carlos Salazar en el CCE, el organismo de mayor jerarquía y representatividad de los organismos de hombres de negocios. Los candidatos, Francisco Cervantes y Bosco de la Vega, han suscrito un compromiso de respeto y de civilidad ejemplar. Dos estilos, dos tonos, dos posturas distintas.
Las empresas y los empresarios pasan por momentos particularmente difíciles. No es un tema de simple incomodidad por las formas y dichos del gobierno y de su presidente. Es la situación como tal. No sólo las variables preocupantes de la economía o un entorno internacional incierto, también es la precaria legalidad con la que cotidianamente deben lidiar, asunto que viene desde hace tiempo y preocupa más ahora por el avance territorial y sectorial del crimen organizado y una creciente venalidad de autoridades locales y federales.
El dilema de las cúpulas empresariales es diferente al del empresariado de base. De hecho, muchas de las empresas son muy pequeñas, pobres, sin respaldo crediticio bancario y con frecuencia informales y, por lo mismo, expuestas a la extorsión de autoridades y de criminales. Hay un mundo de diferencia entre las grandes y las micro y pequeñas empresas. Cabe señalar que el bienestar y el empleo se generan en los negocios pequeños.
El presidente reproduce el agravio de muchos mexicanos originado por la colusión entre el poder político y las grandes empresas. Es cierto, hay una historia de abuso, corrupción, exceso e impunidad. Sin embargo, esta realidad ha sido utilizada en beneficio del proyecto político. El reclamo e indignación presidencial no se corresponde con las acciones legales de orden administrativo, civil o penal para significar costos y sancionar el abuso y la venalidad. Casos como la cancelación del aeropuerto de Texcoco por supuesta corrupción, no dio lugar a denuncia alguna; más aún, se utilizaron los cuantiosos recursos del derecho de uso aeroportuario (DUA) del Benito Juárez para indemnizar a los también supuestos empresarios corruptos. Muchos continuaron gozando de contratos en el nuevo gobierno.
La cúpula empresarial ha gozado de un trato privilegiado de todos los gobiernos, incluyendo al actual. La diferencia es que López Obrador ha cuidado definir los términos de la relación en condiciones de ventaja para él; normalmente se resiste a la tradicional representación corporativa y, en su lugar, la interlocución se da de manera selectiva y con grandes empresarios.
La cúpula empresarial se ha quedado sin ventanilla ante el gobierno. Lo fue Alfonso Romo y, de alguna manera, Julio Scherer. Los secretarios de Hacienda no han querido, podido ni se les ha autorizado llevar la relación con los empresarios, en lo individual o en lo colectivo. Tatiana Clouthier ha hecho una buena tarea al respecto y, en algunos asuntos, también Marcelo Ebrard y Lázaro Cárdenas desde la Presidencia, pero dista de ser un espacio eficaz.
Los empresarios no han correspondido a la expectativa del presidente en cuanto inversión. Los compromisos no se cumplen porque las decisiones cada vez son más corporativas, colegiadas y consensuadas en los órganos de gobierno de las grandes empresas, esto es, la discrecionalidad por parte de los dueños o directivos es cada vez más estrecha. El discurso presidencial, la falta de transparencia, la creciente militarización de la obra pública e iniciativas como la reforma eléctrica, eliminan las condiciones para invertir en el país.
La representación empresarial difícilmente se ocupará de confrontar al gobierno y al presidente; está lejos en el ánimo de quienes dirigen las grandes empresas y su mundo, mucho menos de aquellos que sí han sido protegidos y beneficiados. Los demás han decidido llevar la fiesta en paz y esperar al término del gobierno con la esperanza de una mejor situación y que sus peores preocupaciones no se hagan realidad.
Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto
