Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.

La investigación Pandora Papers descubre que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.

La filtración contiene registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore, cuya identidad típicamente se mantiene oculta bajo las capas de anonimato que ofrecen los paraísos fiscales.

Los registros de la investigación de Pandora Papers, en la que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo incluido Quinto Elemento Lab, provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.

Aunque tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal. En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.

Sin embargo, el uso de sociedades offshore puede ser particularmente controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues las pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvío de recursos públicos. Esto es de particular interés en naciones como México donde la corrupción es rampante y el gobierno ha hecho un pobre trabajo impidiendo estos abusos.

Antes de ser presidente, Andrés Manuel López Obrador criticó con severidad en 2016 la aparición de mexicanos en la anterior investigación de ICIJ, los Panama Papers, señalando que la “mafia del poder” ocultaba dinero de las autoridades hacendarias.

“Yo respeto mucho lo del anonimato que se guarda en Suiza sobre los que depositan o en los llamados paraísos fiscales, pero eso no debería de existir (...) debería de establecerse que se conociera el origen del dinero, cómo se va el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada y es normal, y hay incluso países que viven de eso, eso es inmoral”, dijo en agosto de 2020 durante su conferencia matutina.

En los Pandora Papers aparecen algunos políticos cercanos a López Obrador. En los documentos figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, miembros actuales de gabinetes estatales y gente del Partido Verde.

Los servidores públicos están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del país -suyas y las de sus cónyuges-. Deben hacerlo cada año o cuando asumen o dejan un nuevo cargo. Estas declaraciones patrimoniales pueden ser públicas o reservadas, según la decisión de cada persona. Los funcionarios y legisladores que aparecen en Pandora Papers y que hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, omitieron consignar ahí su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales.

Si voluntariamente los políticos no reportaron sus sociedades offshore, el gobierno federal tampoco tiene otros mecanismos de vigilancia fiscal para conocer con precisión quiénes participan en empresas en paraísos fiscales y con qué fin.

“En los sistemas institucionales no se encuentra un apartado que permita identificar a los contribuyentes que utilizan entidades offshore”, respondió el SAT a una solicitud de información.

La nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en la anterior investigación de los Panama Papers en 2016, y mientras en aquella ocasión sólo se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca, esta filtración revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país.

Una revisión de muchos meses realizada por periodistas de Quinto Elemento Lab, El País, Proceso y Univisión a los Pandora Papers permitió conocer que más de 3 mil mexicanos o residentes de México participan en 1,241 sociedades anónimas, 600 fideicomisos y 72 fundaciones difíciles de rastrear situadas en 22 jurisdicciones del mundo.

Además de políticos y funcionarios, los documentos filtrados descubren los secretos financieros de los empresarios y algunas de las familias más acaudaladas del país.

Veinte de los 80 políticos y familiares que aparecen en los Pandora Papers movieron en las últimas décadas alrededor de 30 millones de dólares a jurisdicciones que ofrecen privilegios fiscales.

La filtración contiene reportes con documentos muy detallados que describen los secretos financieros de algunos protagonistas, pero no todos los informes ofrecen datos pormenorizados de los activos invertidos.

Los amigos de la 4T

Julio Scherer Ibarra, que desde 2018 y hasta hace unas semanas era el consejero jurídico de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos a López Obrador, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach. En marzo de 2011 recibió las 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba la empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.

Al menos entre 2013 y 2016, el nombre de Scherer apareció en las boletas de pago del predial de dicho departamento según los registros fiscales del condado de Miami-Dade. En 2019 no mostró ningún nombre en las boletas y en 2020 el banco Morgan Stanley figuró como responsable del departamento, el cual no aparece en ninguna de las cuatro declaraciones patrimoniales públicas que presentó Scherer mientras fue funcionario.

De acuerdo con los documentos internos del despacho Trident Trust, que administraba la sociedad de las Islas Vírgenes, Scherer recibió las acciones de la compañía de Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa Ivonne Yolanda Stern Wolf, quienes eran unos de sus principales clientes. Los Landsmanas permanecieron como “directores” de la sociedad hasta el 17 de marzo de 2017, cuando renunciaron a su cargo.

Los Pandora Papers descubren que hasta ese año los activos de la sociedad offshore ascendían a dos millones de dólares procedentes del trabajo de Scherer en la práctica legal, según la declaración confidencial del abogado que fue enviada al despacho Trident.

Antes de integrarse al gabinete de López Obrador, Scherer fue asesor legal del conglomerado de empresas que dirigen los hijos del matrimonio Landsmanas y que son propiedad de la familia. La Cosmopolitana es la más conocida de sus compañías, integradas bajo el sello de Corporativo Kosmos. En años recientes, se erigieron en los mayores proveedores de alimento del gobierno; surten las prisiones federales y estatales, los hospitales públicos, Pemex y policías del país.

Las acciones en la firma offshore y el departamento en Miami, adquirido en 2008 por Elías Landsmanas a través de la firma de Florida, son información que “alude a mi persona en un período de mi trayectoria en el cual no era funcionario público sino profesionista independiente. En este sentido, me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y así lo seguiré haciendo”, respondió Scherer a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación.

El despacho Scherer y Asociados atendía en ese tiempo a una variedad de empresas y políticos. Asesoró a los Landsmanas durante cinco años, antes de sumarse al gobierno de la Cuarta Transformación, donde estuvo a cargo de revisar las reformas y proyectos de ley del presidente.

Armando Guadiana Tijerina, el empresario minero y desde 2018 senador por Morena, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.

Al momento de registrar su offshore, Guadiana dijo que su ingreso anual rondaba los 600 mil dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades. Designó a sus cuatro hijos como beneficiarios, según los expedientes del despacho.

En las declaraciones patrimoniales públicas que presentó ya como senador, esa  fortuna ya no estaba. En 2020 y 2021 Guadiana dejó en blanco los campos donde tendría que detallar sus ingresos por actividades empresariales, financieras o servicios profesionales, enajenación de bienes o cualquier otro ingreso aparte de su salario como legislador. Anotó “ninguno” ahí donde debía reportar sus inversiones, cuentas y otro tipo de valores o activos, sus bienes inmuebles y fideicomisos.

-¿De dónde viene ese patrimonio declarado cuando creó su fideicomiso? se le preguntó en entrevista previa a la publicación.

-Yo no sé, fíjate, porque la cantidad eso sí desconozco. Le diría una mentira.

Y en cuanto a lo reportado en su declaración patrimonial contestó. “Ahí hubo un error, los contadores me entendieron mal la pregunta en la declaración patrimonial, entendieron que si no tenía conflicto de interés”, dijo Guadiana, “Me atonté en el asunto de la Declaranet”.

El senador aclaró que sus contadores cometieron un error al llenar el formato de su declaración patrimonial, el cual asegura fue corregido en marzo pasado, aunque en las versiones públicas sus datos no han sido actualizados.

En entrevista, el legislador explicó que Hawaii Trust fue creado para desarrollar un proyecto minero de carbón en la provincia de Santander, en Colombia, que no prosperó por las condiciones de inseguridad de la guerrilla. “Todavía tenemos el proyecto, de hecho nada más nos ha costado dinero, no hemos hecho nada”, dijo Guadiana en la entrevista telefónica.

Planeaba desarrollar el proyecto con socios inversionistas colombianos, aunque no recuerda sus nombres “ellos querían cosas offshore” y por eso “se creó la entidad (Hawaii Trust) pero no se invirtió, no se aportaron bienes, yo creo que se extinguió”. Cuestionado sobre la empresa en las Islas Vírgenes, respondió: “Yo no sé, no tengo los datos exactos pero voy a checarlo con los contadores (…) No estoy seguro si está viva la mentada Atlantic”, dijo el legislador.

El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, también aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue creada en 1998 con el propósito de proteger su patrimonio.

La compañía fue registrada en febrero de 1998, tan solo un mes después de que Arganis ingresara a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México como director general de la planta de asfalto. Desde ese año y hasta mayo de 2003, cuando se desempeñaba ya como director de Obras Públicas en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.

En una carta enviada para este reportaje, el secretario aseguró que los recursos fueron “producto del ejercicio profesional en el sector privado”. No precisó el monto que invirtió a través de su offshore y aseguró, además, que el despacho lo defraudó y que él perdió su dinero.

La empresaria Julia Elena Abdala Lemus, quien es pareja sentimental del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficinas, y cuyo primer accionista se mantuvo en el anonimato que garantizan las acciones al portador.

La empresa Roybell International Inc fue creada en diciembre de 2011 con un capital de 10 mil dólares a través de un despacho en Ginebra especializado en la gestión de grandes fortunas, que a su vez contrató los servicios de Alcogal. La compañía es dirigida por tres ejecutivos nominales, pero quien realmente lleva las riendas es Abdala: en diciembre de 2017 recibió poderes para realizar acciones como comprar bienes, pedir créditos, otorgar préstamos, celebrar contratos, participar en licitaciones, comprar acciones y presentar demandas. También recibió autorización para abrir una cuenta en la sucursal de Lyford International Bank and Trust Ltd, en Las Bahamas, según los Pandora Papers.

Abdala, quien no estuvo disponible para responder las solicitudes de comentarios, se convirtió en accionista de la offshore cuando Barlett, su pareja de 20 años, despachaba como senador. Una investigación periodística publicada en 2019 por el equipo de Carlos Loret de Mola documentó que la familia Bartlett poseía una fortuna no declarada valuada en 800 millones de pesos en propiedades, algunas a nombre de Abdala. La Secretaría de la Función Pública exoneró al titular de la CFE y cerró el caso al no encontrar delitos.

Las familias del PRI y el PAN

Cuando los despachos internacionales ayudan a montar empresas offshore en los paraísos fiscales, deben anotar si su cliente es una persona “políticamente expuesta” ya sea porque tiene parentesco con algún funcionario o porque ocupa un cargo público. Quienes caen en esta categoría deben recibir una atención especial para verificar el origen de sus recursos y el resguardo de los activos.

Arturo Montiel Yañez registró un fideicomiso en las Islas Vírgenes seis días antes de que su padre, Arturo Montiel Rojas, terminara su mandato como gobernador del Estado de México en septiembre de 2005, según las revelaciones.

A sus 33 años, el empresario y primogénito del exgobernador celebró un contrato con Alcogal y Stanford Trust para cederles la gestión de 3.5 millones de dólares en beneficio de sus hijos Arturo y Santiago Montiel Ferreyra, según el documento firmado el 8 de septiembre de 2005 que dio origen al fideicomiso Art Saint Trust.

Los documentos no mencionan el origen de los fondos, pero la millonaria operación sucedió cuando el exgobernador y su familia estaban siendo investigados por malversación, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos, aunque la fiscalía estatal concluyó que no había elementos contra los Montiel. Los esfuerzos por obtener la versión de Montiel Yáñez no dieron resultados.

Jesús Murillo Ortega es hijo del exgobernador priista de Hidalgo y exprocurador Jesús Murillo Karam. Con un millón de dólares, el empresario creó en marzo de 2014 junto con su esposa la sociedad Sweet Land Ltd en Panamá para invertir en bienes raíces, de acuerdo con los documentos filtrados. Murillo Ortega declaró que los recursos eran derivados de sus ahorros personales.

La offshore fue registrada cuando Murillo Karam estaba al frente de la Procuraduría General de la República. Durante esos años, empresas en México de los hijos y parientes de Murillo Karam ganaron más de 300 millones de dólares en contratos de obras asignadas mientras estaba al frente de la PGR, según una investigación de MCCI.

“Esta corporación (Sweet Land Ltd) en ningún momento llevó a cabo operación, actividad empresarial, comercial, de gestión, financiera o de adquisición alguna, e incluso ni siquiera aperturó una cuenta de banco e incluso fue disuelta prácticamente desde su inicio, derivado del término de mi vínculo matrimonial con mi entonces socia y pareja”, respondió Murillo Ortega a un cuestionario enviado para esta investigación.

Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa, se convirtió en el verano de 2008 en director y accionista mayoritario de Fuentes Pyasa Corp, una sociedad anónima creada en las Islas Vírgenes Británicas con el propósito de adquirir un yate, según los documentos de registro de la firma.

La empresa fue creada en 2006 a través de Trident Trust Company por un corredor de bienes y raíces, pero dos años después se nombraron nuevos accionistas y directivos: junto con Francisco Labastida llegaron Leonor Labastida Vargas así como Andrés Conesa Labastida, director de Aeroméxico, y otros empresarios agrícolas sinaloenses.

El yate de los Labastida es un Azimut M/Y 2006, de diseño italiano bautizado como “Pez Gordo”, según un documento firmado en 2010 por el hijo del ex candidato presidencial.

“Soy accionista de una sociedad mercantil (...) dueña de la embarcación denominada ‘Pez Gordo’ desde el año 2006 y que como parte de la inversión hecha tengo derecho a hacer uso de 5 semanas al año”, dijo Labastida en una carta.

Para Luis Pérez de Acha, abogado especialista en materia fiscal, la compra de yates o propiedades a través de entidades offshore tiene dos propósitos: ocultar la identidad del propietario y obtener ventajas tributarias. “Tener un yate con registro de bandera de otro país trae algunos beneficios fiscales y financieros, es por eso que se utiliza, básicamente por el pago de menores impuestos”, dijo.

Los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del exgobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, son dueños de 1,282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en julio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, en la que figuran como accionistas personalidades conocidas de la política colombiana, como la ministra de Transporte Ángela María Orozco, y el esposo y la hija de la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez.

Otros socios de la firma son los hermanos y empresarios colombianos César y Gustavo Hernández Frieri, este último capturado en Italia en 2018 y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y malversación de 600 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2014 y 2018. De profesión contadores y empresarios, los hijos del exmandatario panista no respondieron las solicitudes de entrevista enviadas por esta organización.

Entre los familiares de políticos que aparecen en los Pandora Papers están la esposa del actual gobernador del Estado de México, Fernanda Castillo Cuevas, y Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa del político del Partido Verde Jesús Sesma Suárez.

Documentos del despacho Trident Trust revelan que Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado federal y exalcalde de Cancún por el Partido Verde se convirtió en 2015 en accionista de tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas, que en 2014 eran dueñas de cuatro embarcaciones. Las tres sociedades fueron creadas años atrás por su hermano Fernando García Zalvidea, un conocido empresario hotelero que tras su muerte, en noviembre de 2013, heredó parte de su fortuna a sus hermanos.

En 2005 Juan Ignacio García Zalvidea, quien no estuvo disponible para una entrevista, fue detenido bajo cargos de negligencia y peculado en perjuicio del ayuntamiento de Benito Juárez. Ese mismo año el Congreso de Quintana Roo lo inhabilitó por un periodo de 20 años por el manejo indebido de fondos y recursos del estado durante su gestión como alcalde, y un año después fue puesto en libertad después de pagar una fianza.

En los Pandora Papers también aparecen el secretario de gobierno de Coahuila, el jefe de la oficina del gobernador Cuahtémoc Blanco, el hermano de un exgobernador de Yucatán y el exgobernador priista de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez.

En 2016 la investigación de los Panama Papers puso al descubierto las finanzas secretas de 311 mexicanos, una cifra 10 veces menor que la documentada hoy en los Pandora Papers. Hace cinco años, la investigación de paraísos fiscales cimbró al mundo, provocando la caída de primeros ministros y la creación de nuevas leyes en docenas de países.

En México poco cambió y desde entonces las autoridades hacendarias han fallado en vigilar las obligaciones fiscales de todos aquellos que se benefician del sistema offshore para sacar el dinero del país, que cada año pierde más de 9 mil millones de dólares en impuestos por el abuso de jurisdicciones offshore, según la organización europea Tax Justice Project.

En el papel, los contribuyentes mexicanos deben declarar los ingresos y utilidades obtenidas en los paraísos fiscales, pero el SAT no tiene un registro de las empresas, fideicomisos o fundaciones offshore en las que participan los mexicanos ni conoce el monto de sus ingresos o de los impuestos pagados.

A fin de verificar que los ciudadanos están al corriente del pago de impuestos, las autoridades hacendarias pueden ordenar auditorías, pero el SAT apenas auditó en lo que va del año a 5 personas que hacen uso de los paraísos fiscales, de acuerdo con el área responsable de realizar las auditorías.

La vigilancia de las entidades pantalla es importante por tratarse de empresas creadas para esconder el patrimonio real de sus clientes y porque, según reveló la investigación internacional de ICIJ, están a menudo asociadas con delitos de evasión y defraudación fiscal, lavado de dinero, corrupción corporativa y política.

Mientras el gobierno hace poco, al paso de los años se conoce que más mexicanos y actores de poder se benefician de la industria offshore en un país con una desigualdad creciente.

“Los daños son amplios y profundos, pero obviamente las personas más perjudicadas son las más vulnerables que dependen de un Estado funcional y de un gobierno que ofrezca al menos una protección mínima”, dice Chuck Collins, director del programa de desigualdad en Institute for Policy Studies. “Esto no solo provoca que el Estado no tenga dinero, sino que es una especie de corrupción de todo el sistema que se produce cuando los poderosos optan por no participar”.

Crédito: Quinto elemento.