No es para sorprenderse que el comandante supremo de las fuerzas armadas salga en su puntual y claridosa defensa, pues forma parte de sus tareas y funciones. Y más todavía si, como él lo expresa, hay una campaña sin fundamento en su contra cuyo objetivo es socavar y debilitar al Ejército y la Marina. Y, por ello, descalificó a las organizaciones de derechos humanos que las cuestionan porque muchas de ellas actúan sin profesionalismo ni ética.
Lo expresó el presidente Andrés Manuel en estos términos: “En general, no tienen razón, es una campaña para socavar, para debilitar a las fuerzas armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos (militares). Han estado ayudando (la Defensa y la Marina), cooperando para que se haga justicia. Lo que sucede es que hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso al Ejército Mexicano, sin pruebas”. Ojo, dijo “en general”, lo que significa que en “lo particular” pueden existir planteamientos pertinentes.
Y en la acera de enfrente, la de los voceros de los padres de los 43 de Ayotzinapa, Guerrero, el abogado Vidulfo Rosales jura que en la lucha por verdad y justicia ante la desaparición de los normalistas, “no hay campañas ni intenciones de desestabilizar, desprestigiar o debilitar a las fuerzas armadas”, es un tema de derechos humanos, que tiene que ver con dar con el paradero de los estudiantes. Olvida el protagónico litigante que apenas en septiembre de 2022 justificó los actos vandálicos que cometieron en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, como es habitual que lo hagan en los cuarteles de Guerrero, el Congreso, las sedes de los partidos políticos y en cualquier sitio donde decidan y puedan hacerlo, sin reparar en la pronunciada pérdida de apoyo social porque se privilegian los destrozos, lo espectacular por sobre las demandas que expresan los deudos de los normalistas rurales. Digo deudos porque nueve años después nadie tiene derecho a engañar.
Por si no fuera suficiente, Rosales valora con singular torpeza que “Las autoridades consideran que por la buena voluntad (sic) se han obtenido los logros mínimos (sic maximalista), como la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam y la de dos generales, pero esas acciones tienen bases”. Remató que fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes el que puso sobre la investigación que se tenían que seguir rutas sobre el paradero de los jóvenes y otras líneas a indagar.
Es decir, sale sobrando la voluntad y firmeza políticas de López Obrador para erróneamente privilegiar el caso de la desaparición de 43 jóvenes por sobre los más de 100 000 desaparecidos en varios sexenios. Mientras Rosales actúa como aprendiz de la realidad, el juzgado segundo de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México, otorgó una suspensión definitiva al exprocurador General de la República, que detiene por tiempo indefinido el primer proceso penal en que se acusa al exfuncionario de los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
Cierto es que los juicios de AMLO expresados en Tepic, Nayarit, el viernes 28 a propósito de que el martes 25 el GIEI denunció en su último informe que el Ejército y la Marina negaron información para resolver el caso –posición que acompañaron la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un centenar de organismos–, carecieron de los necesarios matices y metió en el mismo costal a los que denominó “pseudo” defensores de los derechos humanos y a todas, o casi, las “ONG” aztecas. Lo cual contamina el indispensable debate sobre un tema que requiere menos emociones y más razones y argumentos.
Acuse de recibo
Denuncia la escritora Manú Dornbierer: “Hace años que se perdía el agua enfrente de mi casa. Muchas veces lo reporté y por fin la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, envió a unas personas a checarlo y vieron lo que pasaba y lo mandaron por fin a reparar. Pero ahora rompieron la banqueta y la calle y las dejaron así (foto que se omite) en la calle Suffren casi esquina con Magallanes en Costa Azul. Este puerto ha sido abandonado por el actual gobierno de AMLO y ahora además quieren quitarnos el Centro de Convenciones para el ISSSTE. ¡Ya basta!”… Andrés Ruiz Furlong –activista social y político– se recupera de una delicada intervención quirúrgica, en la Posada del Periodista, brazo asistencial del Club de Periodistas de México. Un fuerte abrazo… “Muy buen artículo mi querido Eduardo; de este tema también hablo en mi texto que envié en la mañana a los portales de costumbre. Ya te lo daré. Te abrazo fuerte amigo”. El mensaje es de Arturo Sandoval y se refiere a https://www.aeinoticias.com/
