Luis Acevedo
Pesquera
Pocas revisiones
de la gestión de política económica y social son tan rigurosas y profundas como
las que cada año lleva a cabo el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre sus miembros
y lo que considera para el caso de México es muy fuerte.
Esta evaluación,
que generalmente tiene poca difusión, resulta esencial para las empresas
calificadoras internacionales, para los inversionistas institucionales globales
y es “el referente” para la inversión privada porque es una especie de
tomografía no solo sobre la situación económica sino, a partir de ahí, de las
perspectivas reales para los próximos 12 meses a partir de la confrontación
pormenorizada de los datos oficiales con los análisis del sector privado y
representantes de la sociedad civil.
Por lo tanto,
los asuntos que se revisan no se limitan a las políticas macroeconómicas y
financieras sino que consideran todos los temas que pueden incidir en el
desempeño efectivo del país.
Sobre esa base,
los técnicos del Fondo elaboraron un informe que se conoce como Consulta del
Artículo IV del FMI y que, hace una semana en que fue entregado, al gobierno
mexicano le cayó como “un balde de agua helada” por lo que describe.
En la parte más
generosa, reconoce que México ha sido muy afectado por la COVID-19. Que las
estadísticas oficiales registran la pérdida de más de 85 mil vidas. Que
alrededor de 12 millones de trabajadores perdieron sus empleos, muchos son
provenientes del sector informal, de los que 4 millones no han regresado a la
fuerza laboral y que, a junio, la población en pobreza laboral pasó de 36 por
ciento a 48 por ciento del total.
Coincide con el
Banco de México en que el PIB puede caer 9 por ciento en 2020, la contracción
más pronunciada desde la Gran Depresión y que hay probabilidades de que “se
recupere modestamente en el futuro” si se hacen diversos cambios estructurales
que implican decisiones de política de gobierno.
Reconoce que las
autoridades respondieron a la pandemia aumentando el gasto en salud y apoyando
a hogares y empresas: otorgaron préstamos, reasignaron algunas partidas
presupuestales, adelantaron gasto para el pago de pensiones a adultos mayores y
discapacitados y aceleraron los procesos de adquisiciones y de devoluciones de
IVA, además de que implementaron medidas de política y administración tributaria
para aumentar la recaudación de impuestos.
En materia
monetaria, se relajó sustancialmente la política y se redujo en 4 puntos la
tasa de interés de referencia a 4.25 por ciento y el Banco Central amplió el
financiamiento hasta un nivel de 3.3 por ciento del PIB para asegurar el
funcionamiento de los mercados financieros y la provisión de crédito, junto con
la defensa del tipo de cambio flexible para absorber choques externos, a lo que
se suma el nivel de reservas internacionales, el acceso a la línea swap
de la Reserva Federal de EU y a la Línea de Crédito Flexible disponible con el
Fondo.
Sin embargo, recomendaron
un seguimiento cercano y continuo de los riesgos en el sector bancario y exigirle
niveles mínimos de regulación y supervisión.
Y aquí viene la
realidad de las cosas. Los técnicos del FMI le advirtieron al gobierno mexicano
que en el marco de los riesgos e incertidumbre sobre la evolución de la
pandemia, los costos sociales y económicos serán muy elevados.
Para enfrentar
esos costos y alcanzar un crecimiento “fuerte, duradero e inclusivo” es
imprescindible “una reforma tributaria creíble a mediano plazo –para
implementarse una vez que la recuperación esté en marcha– con el fin de
reforzar el espacio para brindar apoyo a corto plazo, cerrar brechas fiscales,
reducir la deuda pública y financiar inversiones necesarias y el gasto social”.
En una franca
censura a la Ley de ingresos aprobada para 2021 advirtieron que de no ampliar
la base impositiva y combatir la informalidad, aumentar los impuestos locales y
reducir las brechas en el IVA, es difícil fortalecer las redes de seguridad
social como lo ha ofrecido el presidente López Obrador.
Si bien
celebraron la propuesta para reformar a las pensiones, al tiempo que las
instaron a considerar medidas complementarias para mitigar la informalidad que
invade al mercado laboral.
No solo eso,
advirtieron que el gasto público para 2021 tiene que cambiar las prioridades
establecidas para poder promover crecimiento inclusivo mediante el
fortalecimiento de la protección social y el aumento de la inversión pública.
Como aún hay
tiempo para que el Poder Legislativo avale el Presupuesto de Egresos, “exhortaron
a las autoridades a revisar la estrategia de negocios de Pemex y reformar aún
más su gobernanza”.
El análisis del
FMI advierte que sin reformas estructurales no habrá en México avances en inversión
y la productividad será insuficiente para obtener los beneficios del T-MEC.
Advirtieron que
es imprescindible abordar contundentemente a la informalidad, incluida la del
mercado laboral, impulsar los esfuerzos en materia de gobernanza y contra el
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, además de optimizar la
eficiencia de la inversión pública, mejorar el acceso al crédito y aprovechar
la participación privada en el sector energético.
Dicen que luego
de la lectura de esta evaluación, en Palacio Nacional se escuchó el golpe
rotundo de un carpetazo.
Mientras tanto, en
las calles del país se vive la realidad.
@lusacevedop
