Raúl Contreras Bustamante

Hasta antes de la aparición de los derechos sociales en la Constitución de 1917, la educación fue —a lo largo de la historia— un privilegio exclusivo de las élites monárquicas, aristocráticas y religiosas. Un tesoro reservado para unos cuantos, con la idea de preservar el poder para su beneficio.

Debido a la aparición del constitucionalismo moderno, la educación comenzó a ser accesible para aquellos grupos sociales a quienes siempre estuvo negada, al señalársele al Estado su obligación de impartirla.

Lo anterior viene al caso con motivo de la reciente aprobación del Congreso de la Unión a la Ley General de Educación Superior.

Como resultado de la reforma constitucional de 2019 en materia educativa, el Estado mexicano adquirió la obligación de impartir de manera gratuita toda la educación: desde nivel preescolar hasta la educación superior; y hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó la revisión final de la ley, cuya trascendencia para el futuro del país merece ser comentada y analizada.

La nueva ley reglamenta las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación superior, distribuyendo esta función social entre la Federación, entidades federativas y municipios.

Se establece que el objeto de la educación superior universitaria es la formación integral de las personas para el desarrollo armónico de todas sus facultades, la construcción de saberes, la generación, aplicación, intercambio y transmisión del conocimiento, así como la difusión de la cultura y la extensión académica.

Se crea el Sistema Nacional de Educación Superior que será el conjunto de actores instituciones y procesos para la prestación del servicio público de educación superior, que, junto con las instituciones particulares, deberán contribuir a los fines de la educación superior.

Se conforma el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que es el conjunto de autoridades, instituciones, organizaciones educativas, mecanismos, instrumentos e instancias que tendrán que dedicarse a la evaluación y acreditación.

En cuanto a la gratuidad de la educación superior, se instituye que será de manera gradual y siempre sujeta a presupuesto, que no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, procurando asegurar así la progresividad presupuestal de la educación superior. Se creará un Fondo Federal Especial destinado a dotar, a largo plazo, los recursos económicos suficientes para cumplir con esta obligatoriedad.

El tema de la autonomía universitaria es contemplado por la nueva ley y se ordena que todo proceso legislativo que busque modificar las leyes orgánicas de las universidades autónomas deberá respetar de manera irrestricta la garantía de las instituciones de autogobernarse.

La ley también fomenta la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en los centros escolares.

Las entidades federativas tendrán que adecuar sus marcos normativos dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la ley general, que aún no ha sido publicada.

La eficiente coordinación de todos los actores involucrados en la educación superior será vital para el éxito de un propósito tan ambicioso y noble, como es la gratuidad y universalidad de este nivel educativo.

No podemos olvidar que el derecho humano a la educación es un “derecho llave” que abre el acceso y ejercicio real de muchos derechos más y es la mejor vía para la conquista de la igualdad y dignidad en la vida de las personas.

Como Corolario la frase del pensador chino Confucio: “Donde hay educación no hay distinción de clases”.