Han pasado ya los primeros foros sobre la reforma al poder judicial que envió el presidente
Andrés Manuel López Obrador, y las posturas confrontadas de ministros, magistrados y jueces
frente a militantes y legisladores de Morena parecen no tener fin.
Y es que la discusión ha versado básicamente sobre dos argumentos principales: por un lado,
que la carrera judicial y los mecanismos de selección basados en mérito, conocimientos y
experiencia garantizan que los impartidores de justicia sean personas capacitadas y con los
mejores conocimientos disponibles para atender la carga de trabajo que implica la defensa de
los derechos y la resolución de las disputas legales de los mexicanos. Este argumento incluye
también la defensa de la interpretación de la Constitución basada en argumentos pro derechos
humanos y con análisis de normativas internacionales y en favor de la persona.
El otro argumento es el que sostiene que el poder judicial debe ser elegido democráticamente
como parte de la ola reformadora de la cuarta transformación, y que el mecanismo de selección
de jueces y magistrados debe ser una votación popular, similar a la de los poderes legislativo y
ejecutivo. Esta postura defiende que el “poder reformador” que dio la población en las urnas es
la suficiente legitimidad para impulsar el famoso plan C del presidente López Obrador y
Morena, y con ello transformar el sistema judicial a algo que sea más cercano a la población
gracias a esos votos.
Ambos argumentos pueden tener validez, pero lo que debe destacar más es el entendimiento
del papel que juega el poder judicial en una democracia, y por qué la idea de la imparcialidad y
la independencia de los jueces y magistrados es de suma importancia. En primer lugar el poder
judicial es el que termina por resolver las disputas entre particulares, pero también entre
ciudadanía y el Estado, mediante la defensa de sus derechos, y entre las partes integrantes del
Estado, mediante la interpretación de la Constitución y el cumplimiento de ordenamientos
jurídicos inferiores. Esto implica que su actuación debe ser lo más imparcial e independiente
posible, pues no puede tener influencia posible de alguna de las partes.
En segundo lugar, el concepto de pesos y contrapesos establece que el Poder Judicial es
precisamente el control para evitar el abuso de poder por parte de los poderes electos, como
son el Ejecutivo y el Legislativo, pues su función de interpretación constitucional es clara y
representa el único momento donde puede tener un papel político, a diferencia de la creación
de leyes y la ejecución de programas y políticas públicas. El poder judicial, en la teoría,
garantiza de esta manera que el ejercicio del poder por parte de los gobernantes no sea
excesivo, ni afecte las libertades de la ciudadanía.
En tercer lugar, los argumentos relacionados con el sistema de justicia también son relevantes.
Por ejemplo, se afirma como un motivo para la reforma el alto nivel de impunidad en la solución
de delitos, pues más del 95% no llegan a una sentencia. En este caso, el problema no es que
los jueces no emitan sentencia, pues depende del ministerio público el realizar las
investigaciones correspondientes para presentar una carpeta debidamente armada que
presente las pruebas para, en primer lugar, detener al responsable, y en segundo lugar, que no
quede duda de su culpabilidad y poder fincar responsabilidades.
Sin embargo, la reforma al poder judicial no contempla este tipo de circunstancias, como si la
atención de denuncias y demandas fuera a mejorar por el simple hecho de una competencia de
popularidad.
El futuro de la reforma judicial está a la vista, pues parece prácticamente un hecho que será
realidad. La discusión ahora está en qué tipo de reforma queremos y cuáles van a ser sus
efectos en nuestra vida diaria.
