En lo político, el G-7 y países de ideas afines se han puesto en pie de guerra para detener la agresión rusa. El presidente ruso Vladimir Putin violó el principio más fundamental del derecho internacional, al lanzar un ataque no provocado contra otro miembro de Naciones Unidas (una institución creada explícitamente para evitar esa clase de agresiones). Los peligros de buscar un apaciguamiento deberían ser obvios. Basta un mínimo de empatía para estremecernos de horror ante la mera idea de tener que vivir bajo el mandato de Putin.
Esta guerra es peculiar. Putin ha descrito su proyecto como una confrontación con todo Occidente, pero los que combaten y soportan todo el peso de los ataques rusos contra la población civil y la infraestructura civil son los ucranios. Europa y Estados Unidos han provisto ayuda económica y militar, y el resto del mundo enfrenta las derivaciones de la guerra, que incluyen un encarecimiento de la energía y de los alimentos.
Pero es un error pensar que la guerra puede ganarse con una economía de tiempos de paz. Ningún país ha salido airoso jamás de una guerra importante por obra del mercado, ya que éste es demasiado lento para la clase de grandes cambios estructurales que se necesitan. Por eso Estados Unidos tiene una Ley de Producción para la Defensa, aprobada en 1950 y a la que se apeló hace poco en la guerra contra el covid-19, y luego para resolver una grave escasez de leche de fórmula.
Un resultado inevitable de las guerras es que haya escaseces y que algunos obtengan ganancias inesperadas en detrimento de otros. Lo usual a lo largo de la historia ha sido que a quienes sacan provecho de una guerra se los ejecutara. Pero hoy, la nómina incluye a muchos productores y operadores de energía, que en vez de ir al cadalso, deberían pagar un impuesto a las ganancias inesperadas. La Unión Europea ha propuesto una medida de esa naturaleza, pero llegaría demasiado tarde y sería demasiado débil y acotada en relación con el desafío que enfrentamos. Del mismo modo, si bien varios miembros del Congreso de Estados Unidos han presentado proyectos de ley para gravar las superganancias de las grandes petroleras, hasta ahora la administración de Joe Biden no ha hecho avances en esa dirección.
