El gobierno de México defendió ante los integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos sus argumentos para demandar a la empresa fabricante de armas Smith & Wesson y al distribuidor Interstate Arms.

El caso llegó hasta el máximo tribunal estadounidense después del fallo de un tribunal inferior que permitió que la demanda continuara, al considerar que las empresas facilitaron y fomentaron la venta ilegal de armas hacia México.

Los jueces deberán decidir si la demanda de México debe ser analizada o desestimada en virtud de una ley federal llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a las empresas de armas de responsabilidad por crímenes cometidos con sus productos.

A su salida, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, sostuvo que fue un día histórico ya que México pudo manifestar su preocupación por las armas que llegan de forma ilegal. Arrocha insistió en que México cuenta con leyes estrictas en la materia, ya que sólo hay un vendedor de armas en todo el país.

“Sin embargo, las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares, o bien, armas semiautomáticas de gran calibre, como los AR-15, que no pueden ser adquiridos legalmente por civiles en México”.