El 9 de julio de 1976 —un día después de que Luis Echeverría ejecutara el golpe político contra el diario Excélsior— habría sido difícil dudar del éxito de la maniobra. El presidente y sus agentes se habían salido con la suya. Sin embargo, aunque el gobierno logró sacar a Julio Scherer de la cooperativa, a la larga esa acción resultaría en una derrota política e histórica para Echeverría. El golpe, una victoria pírrica, se volvió el epítome del autoritarismo del régimen posrevolucionario contra la libertad de prensa. Un hito simbólico, casi mítico, en la larga marcha hacia la democracia. El golpe creó un símbolo de resistencia. A veces los persas pierden en las Termópilas, aunque logren pasar. Algo similar podría estar ocurriendo hoy. El 24 de enero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asestó un golpe a la libertad académica al reformar ilegalmente y sin el concurso de la comunidad el Estatuto del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para darle forma legal a la intervención política e ideológica en marcha desde agosto de 2021.

El CIDE, esa pequeña comunidad de enseñanza e investigación del Estado mexicano de no más de cuatrocientas personas, enfrenta todo el poder de un gobierno faccioso y arbitrario desde hace meses. Estudiantes, académicos y trabajadores en concierto admirable han rechazado desde noviembre de 2021 el nombramiento de un director impuesto por el gobierno de manera irregular, pues a diferencia de los directores anteriores el Consejo Directivo del CIDE no votó su designación por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Esa omisión produjo impugnaciones judiciales. Siguiendo una estrategia ya ensayada en la embestida contra el Foro Científico y Tecnológico, el Conacyt intentó cubrir una ilegalidad cambiando ex post las reglas violadas. El propósito de la reforma unilateral del Estatuto General del CIDE era dual, por un lado pretendía subsanar el requisito de formalización de la designación básicamente eliminándolo. Por otro lado, el Estatuto preveía, como una salvaguarda, que el Secretario Académico debía ser un miembro del CIDE. Era una medida pensada precisamente para impedir una intervención en la vida interna de la comunidad. Después de la destitución arbitraria de la Dra. Catherine Andrews los académicos decidimos democráticamente que nadie aceptaría ese cargo. Se designó entonces un encargado de despacho externo, por 45 días. La reforma del Estatuto buscaba eliminar ese requisito para hacer legal la intervención externa en los puestos directivos del CIDE. Finalmente, el Conacyt buscaba acabar con la vida colegiada interna al proponer quitarle toda potestad al Consejo Académico, órgano de representación y de gobierno de la comunidad académica. Intentaba así destruir  esa instancia institucional. Una intentona inicial  fracasó el 14 de enero. Ese día al parecer no estaban asegurados los votos necesarios en la Asamblea General de Asociados (un cuerpo que incluye al Conacyt, al Banco de México, a El Colegio de México, al Fondo de Cultura Económica y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Energía, Economía y Educación). Ante las protestas y la presión mediática la sesión se canceló con el pretexto de que el Banco de México no había sido debidamente notificado.

 Sin embargo, muy pronto el gobierno volvió a la carga y convocó a una nueva sesión extraordinaria de la Asamblea para el 24 de enero. Esta vez eliminó de la orden del día la reforma al Consejo Académico. Al igual que en la primera convocatoria, la intentona ignoraba palmariamente el requisito contemplado en el propio Estatuto de que cualquier reforma debía ser previamente aprobada por el Consejo Académico. Así, cualquier reforma que ignore esa condición es ilegal, por no hablar de la nula legitimidad de imponer a una comunidad unida un orden en contra de su voluntad. El subterfugio legal fue que ese requisito estatutario aplicaba sólo a reformas propuestas por el director general y no a las iniciadas por el Conacyt. Ridículo, porque el Estatuto no distingue respecto al origen de las reformas. En realidad, ese es el proceder de una fuerza de ocupación en territorio conquistado, que es exactamente lo que el gobierno cree que es el CIDE. Una cruzada ideológica por poner la cruz en lo alto de lo que concibe como una mezquita del “neoliberalismo”. El golpe finalmente se consumó con los valientes votos en contra de El Colegio de México, que de esa manera honró su propia historia y la memoria de su fundador Daniel Cosío Villegas, y de la Secretaría de Economía. El Banco de México, incapaz de tomar una posición decidida en contra de la imposición y la ilegalidad, se abstuvo. Hacienda se ausentó.

A diferencia del México de 1976, el país que hoy existe, el que hemos construido millones de mexicanos, es una nación democrática. Los golpes autoritarios pueden ser combatidos ante un poder judicial que todavía no ha sido recapturado del todo por un gobierno que se empeña en restaurar el orden autoritario que antecedió a la democracia. El golpe al CIDE es una prueba de fuego para la judicatura. En las siguientes semanas y meses los jueces tendrán en sus manos la decisión de frenar el asalto político a una institución que encarna en muchos sentidos lo logrado por la democracia en el país o condonar la imposición del poder arbitrario sobre la razón. La responsabilidad de los juzgadores es inmensa. Lo que está en juego va mucho más allá del CIDE y atañe a la supervivencia de las universidades como espacios de libertad.  ¿Contendrán los jueces el tsunami de destrucción y la amenaza a la independencia que este gobierno representa para las instituciones públicas de educación superior?

Hoy, como en 1976, el gobierno autoritario podrá creer que ganó, pero la historia aún no está escrita. Si algo debió aprender la actual administración de Luis Echeverría, es que la narrativa de largo plazo no se controla desde Palacio Nacional. Nadie es dueño del destino de su personaje. Eso es lo que Jean Meyer, eminente historiador de nuestras guerras civiles, ha comprendido a cabalidad cuando afirma con aplomo que, al final, venceremos. Nos asiste la razón y la justicia. Y estas jornadas de estudiantes, profesores y trabajadores unidos contra la imposición autoritaria serán recordadas en el futuro como ejemplares. En cada estudiante del CIDE hay un David con un libro en la mano decidido a defender su futuro: el futuro de todos.

Créditos: Nexos