Revocar mandato es una de las decisiones más delicadas que puede haber. Se trata de remover a un presidente democráticamente electo y trasladar la decisión del sustituto a la peor y mayor incertidumbre, toda vez que se procesa en los intereses propios de la política. En otras palabras, se despoja de la decisión a los ciudadanos para que los políticos la impongan.

El populismo dice que el pueblo pone, el pueblo quita. Pudiera ser, el problema es que no pone a quien sigue una vez que quita. En fin. La institución ya existe y se inauguró de la peor forma: con una farsa y una grosera manipulación de la revocación, que el gobierno volvió ratificación.

Un juego sucio, muy sucio contra el INE. No se le otorgaron los recursos para fondear la consulta en los términos que la ley establece. Fue objeto de permanente intimidación y acoso. A su presidente y a un consejero se les amenazó con iniciarles proceso penal por el presidente de la Cámara de Diputados, además de señalarles como objeto de juicio político para despojarlos del cargo.

Los números son decepcionantes; muy lejos del 40% necesario para que tuviera validez. Se instalaron sólo un tercio de las casillas por la mezquindad de los diputados de Morena y en su momento por la Secretaría de Hacienda. Tiene razón Mario Delgado, seguramente hubieran votado mucho más, pero no tanto como presume o asume el dirigente del oficialismo.

La realidad es que la consulta para la revocación de mandato no deja un buen sabor, aunque el presidente manifieste su satisfacción con los resultados. Lo único salvable de la consulta es el buen desempeño del INE. Una jornada a la altura del prestigio de siempre del órgano electoral. Se instalaron todas las casillas, funcionaron con regularidad y se dieron resultados oportunos, precisos y confiables. Los incidentes fueron menores.

Las palabras de López Obrador validan al INE, no importa que lo acuse de boicot. Las buenas cuentas resultan de su cálculo para presentarse como ganador y con el respaldo arrollador de la ciudadanía. Sin embargo, todavía falta atender incidentes y la eventual calificación del proceso por el Tribunal Electoral. La realidad es que las irregularidades son públicas, recurrentes y generalizadas. En estricto rigor, el proceso está viciado de ilegalidad y de ilegitimidad los resultados. Por mucho menos se han anulado elecciones.

No se disputa que 9 de 10 hayan optado por la continuidad del mandato. El efecto corruptor viene del presidente y de su estructura de apoyo por desentenderse de las reglas en materia de publicidad y el señalamiento de acarreo en la jornada electoral. Dos preguntas están presentes. Primera, ¿cuál habría sido la participación si se hubieran instalado las más de 150 mil casillas previstas en la ley? Segunda, ¿cuántos hubieran participado si las autoridades no hubieran violado la ley?

El ejercicio es inocuo. No se dio la revocación. No se alcanzó ni la mitad de la participación para que sus resultados fueran vinculatorios que, para el caso concreto, resultó irrelevante porque el ejercicio es para revocar, sólo revocar, no ratificar. El Tribunal Electoral tiene la necesidad de proveer una sanción ejemplar; determinar que los excesos de este proceso sean irrepetibles y, de esta manera, conjurar la mayor amenaza que se deriva de la consulta de este domingo.

Incumplir con la ley o, más bien, la rebelión contra el régimen legal por parte del presidente, su gabinete, gobernadores afines y Morena establece un precedente que no puede dejarse pasar por alto. Ellos podrán señalar al órgano electoral y a su consejo general como el origen de todos los problemas. La realidad es que la revocatoria fue mal legislada y peor ejecutada. El INE hizo lo que pudo, mucho y bien.