Luis Acevedo Pesquera

Desde hace dos décadas, cuando menos, Andrés Manuel López Obrador ha sido persistente en considerar al petróleo como prioridad principal de su lucha política. De eso, ha dicho, depende generar la riqueza necesaria para resolver la pobreza y, entonces, transformar la moral para acabar con la corrupción imperante en el país.

Por su sencillez y arraigo cultural, los tres temas son el imán ideológico con el que ha logrado conformar uno de los movimientos ciudadanos más amplios que se conocen en México desde que inició el proceso democrático de alternancia en el poder en el año 2000.

Sin embargo, se ha preferido seguir el guion de la campaña política presidencial que contemplaba la construcción de grandes obras de infraestructura que serán emblemáticas del gobierno de la transformación. Así se desmanteló un arrogante aeropuerto en Texcoco para iniciar otro austero en Santa Lucía, arrancaron las construcciones del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, a contracorriente de las necesidades nacionales y de las exigencias del mercado global que aceleró cambios en las tendencias del desarrollo y de los términos de intercambio de bienes y servicios.

En medio, irrumpió la pandemia que pudo caerle al gobierno y al país “como anillo al dedo” de haber contado con una estrategia de transformación basada en la fuerza social y económica que ante la crisis estuvo dispuesta a colaborar para resolver las deficiencias estructurales del país, pero en la nueva realidad impuesta por el coronavirus se prefirió seguir el guion escrito durante el desarrollo estabilizador que se agotó en los años setenta del siglo pasado, cuando la noción de la soberanía, la ciencia y tecnología, al igual que el desempeño de las materias primas tenían consideraciones muy diferentes a las que impone el siglo XXI.

Los buenos deseos, no siempre coinciden con el entorno y menos cuando sus bases no son sólidas ni cordiales. Los recursos económicos de la nación se han debilitado a pesar del esfuerzo que debería representar la austeridad republicana que, si bien da para brindar becas y ayudas a los sectores más desprotegidos, no alcanza para que el sector público cumpla con su parte promotora del desarrollo nacional. En adición, la inseguridad y la negligencia deterioraron el estado de Derecho, a veces con anuencia de las autoridades, y la inversión privada no fluye, no crece el empleo ni el consumo interno.

El desánimo aumenta agravado por el desmantelamiento de un sistema de salud que se dijo era ineficaz y corrupto, pero lo creado fue incapaz de responder a la sociedad, que enfermó por falta de vacunas contra la COVID-19 y ya cobró la vida de más de 201 mil personas, cuando no debió haber ninguna. En materia educativa básica, media y superior, ya tenemos dos generaciones perdidas, entre otros daños colaterales por no reescribir el guion que no ve que no entiende que vivimos otros tiempos.

Al contrario, en ese regreso al pasado, se modificó la ley para generar energía eléctrica, que hoy está suspendida en previsión a sus graves consecuencias, porque se expidió sin cambiarle ni una coma. Contra la justicia, la amenaza presidencial: pelearé mi ley en la Suprema Corte y si ahí me impiden hacerla valer, “cambio la Constitución”.

Pero si se duda del poder gubernamental, apareció ahora la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos con lo que no solo se da más potestad a Pemex y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que, entre otras cosas, directamente podrían suspender permisos a las empresas privadas de producción, procesamiento, venta, importación y exportación de hidrocarburos si, a juicio de esa burocracia, hay peligro para la seguridad existe peligro para la seguridad nacional, energética o para la economía.

La sensatez indica que la mejor forma de evaluar una estrategia económica de gobierno es por sus resultados sociales, porque la economía debe estar al servicio del bienestar de la población y las variables macroeconómicas básicas son negativas, lo que arroja que las políticas públicas de desarrollo han fracasado al no lograr los objetivos anunciados.

Si nos centramos en los resultados sociales vemos que no hay beneficios duraderos ni progreso para la mayoría de la población.

Todos los cambios legales que se han proclamado en el marco de la contrarreforma energética, y ésta en materia de Hidrocarburos no es excepción, carecen de argumentos y datos para un debate nacional e internacional, ponen en riesgo puntos esenciales de la Constitución y de los tratados con el extranjero, al tiempo que nada aportan al desarrollo nacional; en cambio, ponen en riesgo a las instituciones y a la democracia.

Aunque pomposamente, se diga que las reformas velan por el interés nacional.

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