El Fondo Monetario Internacional fue un brazo institucional clave para que la entonces imbatible superpotencia imperialista, Estados Unidos, apoyada en sus aliados locales –que insisten en llamarlos “traidores a la patria”–, hiciera realidad hace más de tres décadas, el Consenso de Washington, consistente en la imposición en casi todo el mundo de la dictadura del dizque libre mercado.

Como si el tiempo transcurrido fuera en vano, cerrando los ojos a la nueva realidad global, en particular en América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, México y Perú, además de la docena de países que forman la Alianza Bolivariana), el FMI vuelve por los caminos andados al “recomendar” al gobierno del presidente Andrés Manuel recetas no solicitadas y contrapuestas al rumbo que sigue la Cuarta Transformación.

Los fondomonetaristas exhiben incapacidad mayúscula para ejercer la menor autocrítica e interpretar la realidad mexicana con anteojeras distintas y distantes a las del dogma neoliberal cuando aconsejan en su Reporte del sector externo, más reformas estructurales que contemplan “afrontar la informalidad económica” y “las brechas de gobernabilidad”, la participación del sector privado en energía y reformar la estrategia comercial y la “gobernabilidad” de Petróleos Mexicanos. Ambicionan la riqueza petrolera y eléctrica mexicanas.

“Recomendaciones” que en el pasado (1982-2018) eran imposiciones, como el paquete de una docena de reformas estructurales de los partidos firmantes del Pacto por México (PRIANRD) y que, ahora se conoce al detalle, fue precisa la compra de votos entre los diputados como el coordinador Ricardo Anaya, prófugo en Estados Unidos.

El mismo día que el FMI dio a conocer sus recomendaciones que hasta hace 44 meses eran acatadas por los gobernantes mexicanos desde Miguel de la Madrid  (1982-1988) hasta Enrique Peña (2012-2018), López Obrador hizo el recuento de tales políticas y leyes: la venta de importantes empresas públicas al sector privado; entrega de los bancos propiedad de la nación; despojo a los dueños originales de la tierra y la formación de enormes latifundios; se concesionó el 46% del territorio para explotación minera, además de otorgar concesiones hasta por medio siglo y dejar libre de impuestos la extracción de oro, plata y cobre; autorización a empresas privadas para generar electricidad, pese a contravenir la Constitución; eliminación de la gratuidad de la educación pública; alto cobro de comisiones en el Sistema de Ahorro para el Retiro; autorización para la conversión de un billón 200 000 millones de pesos de deuda privada en deuda pública; el pago diferido de impuestos; campañas de criminalización del magisterio; rectoría de las telecomunicaciones en manos de los agentes preponderantes (monopolios); impedimento al Estado para dotar de internet a quienes lo necesitan, y entrega el potencial petrolero de México a empresas particulares nacionales y extranjeras (trasnacionales).

Pero también es para que el FMI presuma dos de sus logros recientes más importantes con su arcaico modelito del capitalismo salvaje. El extraordinario auge bursátil tras 2.5 años de pandemia por las gigantescas farmacéuticas multinacionales al elevar su valor en 274 000 millones de dólares, equivalentes a 5 billones 700 000 millones de pesos, como revelan datos de mercado. Éstos equivalen a 80% de los 7 billones 88 000 millones de pesos de gasto público en México en 2022. En tanto que 100 millones de personas ingresaron al submundo de la pobreza extrema o miseria.