Luis Acevedo Pesquera
No es que los gobernadores que
dejaron de pertenecer a la Conago para constituir una nueva alianza busquen
hacer “politiquería electorera” con vistas a 2021 o intenten desestabilizar al
gobierno; al contrario, a pesar de sus discursos y de muchas de sus actitudes,
simplemente tratan de garantizar la estabilidad de la república y defender la
institucionalidad que contempla la Constitución. Algo que el presidente López Obrador
no entiende o no le interesa.
La pugna entre los mandatarios
estatales y el gobierno federal no es nueva, aunque se recrudeció a partir de
la estrategia establecida por el gobierno federal para enfrentar la emergencia
sanitaria provocada por el COVID-19.
A partir de ese momento se marcó
claramente la pérdida de respeto por el presidente a hacia las soberanías
estatales y municipales, lo que se refleja en el menosprecio de la asignación
de insumos básicos para enfrentar la pandemia, el uso político y restrictivo de
los recursos fiscales federales, imputar a los gobiernos locales la
responsabilidad del pago de cuotas de agua de convenios internacionales cuando
es un tema federal, hasta pasar por la amenaza de retirar a las fuerzas de
seguridad pública.
Las presiones y las
descalificaciones del presidente López Obrador no han desalentado a los
gobernadores de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua,
Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana
Roo y Yucatán, que representan a diferentes partidos políticos y que, en
ocasiones, también atraen al temperamental morenista de Baja California.
El interés real de este grupo
básicamente defiende cuatro grandes temas: el fortalecimiento de los sistemas
de salud, acordar una estrategia para la reactivación económica, impulsar una
política pública de energía verdes, el tema educativo y, sobre todo, analizar
el pacto fiscal a la luz de la Austeridad Republicana, que implica recuperar su
soberanía federal, lo que parece ir en contra del interés de la Cuarta
Transformación.
Sucede que el federalismo, es un
régimen de alta complicación técnica y política que tiene que garantizar la
coexistencia de dos soberanías distintas: la nacional y la local; esto es, la
de los poderes federales y la de los estados.
Tal parece que el presidente de
la república no entiende que la naturaleza del pacto federal determina esa
coexistencia en la que, si bien hay un gobierno unitario que representa un
régimen federal en donde los estados ceden facultades, pero como son
territorios con entidad política propia las facultades delegadas no son
definitivas sino representativas, por lo que el gobierno federal no puede apropiarse
de ellas o centralizarlas, porque modificaría por la fuerza el modelo político
al margen de los votantes y cambiaría arbitrariamente el contenido constitucional,
para lo que a López Obrador los ciudadanos no le dieron facultades.
Desde la Constitución de 1824,
México adoptó el federalismo como forma de organización política, se confirmó
en la Carta Magna 1857 y en la de 1917 que está vigente, donde se establece que
las entidades y la federación tuvieran tareas específicas.
El modelo político de libre
asociación de los estados se declaró de manera formal como una forma de
garantizar la democracia y evitar estructuras autocráticas.
Aunque hay que reconocer que la
operación del federalismo fue distorsionada por el presidencialismo de los
gobiernos priistas y por los del PAN, que derivaron en la concentración de
poder bajo el dominio de un solo partido durante largos periodos que han traído
la involución política y el retraso socioeconómico.
Tanto el centralismo
administrativo como el presidencialismo se tradujo en la ausencia de equilibrios
políticos y administrativos, incentivó la opacidad en la gestión pública, evitó
la rendición de cuentas, para favorecer a la corrupción y tiende a anular tanto
a la democracia como al bienestar social.
Si la intención fuera la de
transformar al país, habría que tomar la iniciativa federalista de los
gobernadores para replantear al sistema político nacional para que los estados
de la república cuenten con la infraestructura que les permita resolver las
problemáticas locales y para profesionalizar las instituciones en los estados,
pero también las del gobierno federal.
Que grave sería si el desdén y la
burla que desde Palacio Nacional se lanza a los reclamos federalistas de los
gobernadores es para regresar al presidencialismo centralizador que tanto se
criticó durante la larga campaña.
Es momento de asumir una
transformación nacional con certidumbre, sin falsas ilusiones y con solidaridad.
@lusacevedop
