Para el actual gobierno, la estrategia “consultada” -pensar que el contenido del memorándum presuntamente suscrito por el titular del Ejecutivo Federal el 22 de julio en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional es una orden implícita a los órganos reguladores del sector energético, sería muestra de sumisión- tiene una clara interpretación.

Primero: los acuerdos emanados del Centro Nacional del Control de Energía (Cenace) y de la Secretaría de Energía (Sener), combatidos a través de juicios de amparo, serán elevados a rango de Ley. La promulgación de una nueva legislación para el sector eléctrico es inminente. No se “dañará” a los particulares, pero será tan difícil colocar energía en el mercado de consumidores privados, que la mejor opción de venta lo constituirá la CFE con lo que de facto, retornará la práctica monopólica a través de “asociaciones” con los inversionistas que deberán estar en el ánimo del actual Gobierno o, por lo menos, cercanos al mismo.

Segundo: sujetar el precio de los insumos energéticos a los porcentajes inflacionarios, se hará sobre una base ya encarecida por las ineficiencias y altos costos de la empresa productiva del Estado. Además, no hay referencia clara sobre la tarifa ni el año sobre la cual basarán los “no aumentos en términos reales” anunciada en el documento.

Tercero: El despacho de energía de particulares, cualquiera que sea la fuente de generación, tendrá el tercer lugar en la prelación -Hidroeléctricas y toda la generación de CFE le anteceden- lo que difícilmente tendrá cabida en las limitadas líneas de la Red General de Distribución que opera en el país.

Cuarto: Se acotará la generación por parte de particulares al 45 por ciento del consumo nacional. Tomando en consideración que una buena cantidad de energía proviene de inversiones privadas que en las temporadas abiertas o subastas en mercado formalizaron contratos para generar y entregar a CFE, poca será la capacidad restante. Es importante mencionar que esta capacidad no se refiere a energía renovable o limpia, contempla todas las formas de generación.

Al final de cuentas, el Estado volverá a tener el monopolio del mercado eléctrico. Será el que contrate generación, realice la distribución y comercialice la energía proveniente de particulares, ante las restricciones que evitarán entregar su producción en otros mercados.

Así, la tarifa social podrá implementarse antes del corto plazo. Los menos favorecidos prácticamente recibirán energía en un costo simbólico. El significado es claro: se favorece el dicho de “primero los pobres” y se castiga frente de ellos a sus enemigos naturales en una guerra de clases encauzada durante más de 18 años por quienes hoy tienen el gobierno en sus manos.

Cuestión de justicia o situación electoral?... lo más trascendental sería que las oportunidades laborales y su remuneración en nuestro país fueran de forma tal, que nadie requiriera de subsidios para vivir.