Carlos M. Velasco

Durante varias décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo su voto duro en la zona rural. El control que los gobiernos de su filiación ejercían sobre los organismos de cuenca y los distritos de riego, le permitían el control en las jornadas electorales en el campo. La ausencia de tecnología en cuanto a la rapidez de la información, cubría los contratiempos que pudieron presentarse. “Unidos para producir… Unidos para votar” era un slogan de la central campesina tricolor.

Hoy, pareciera que el Estado pretende basar su estrategia electoral en la energía eléctrica. Retornar en la práctica el monopolio del sector a la empresa productiva del Estado, permitiría negociar con todos los sectores y lo más importante: establecer la famosa tarifa social prometida en la campaña e inicio de la actual administración, como ofrenda al principal mercado del gobierno de la 4T.

Es cierto que quien más consume, debe pagar más. Pero también es innegable que la mayoría -por no decir la totalidad- de los servicios públicos, requieren de subsidio porque de lo contrario, la mayor parte de la masa poblacional no podría pagarlos. La energía eléctrica es lo mismo: el sostener al Sistema Eléctrico Nacional, no es compatible con la idea de libre mercado y la participación de particulares.

Ha quedado demostrado y reconocido por la autoridad competente, que el costo de generación de la energía en manos privadas es mucho menor que el de la empresa productiva del Estado. La razón es simple: no se incluyen -como está autorizado por ley y norma en el componente tarifario del Suministro Básico- la facultad de recuperar vía tarifa todos los gastos de quien provee el abasto eléctrico. Dicho de otra forma: ineficiencias, pasivos laborales, costos de operación de equipos obsoletos, etc., son parte de la estimación tarifaria de la Comisión Federal de Electricidad a través de la subsidiaria Suministradora de Servicios Básicos.

La diferencia entre el coste de generación de un particular con la del Estado, es significativa. Entrar en un mercado de libre concurrencia, es arma de dos filos. Los costes del inversionista privado son menores. Tener energía a menor precio es privilegio de unos cuantos. Este suministro se restringe a grandes consumidores -los que superan el umbral para ser considerados Usuarios Calificados- o quienes son parte de una sociedad generadora titular de un permiso legado (autoabasto) conforme a la derogada Ley del Servicio Público de Energía (LSPEE), que mantiene vigencia respecto de los servicios que no se consideran públicos, conforme al transitorio segundo de la actual Ley de la Industria Eléctrica.

La población menos favorecida, donde hoy el desempleo y la falta de recursos para sobrevivir es notoria y alarmante, no puede costear la tarifa del servicio eléctrico. La existencia de subsidio, se aplica conforme al consumo de energía dependiendo de las temperaturas de verano. Los que más padecen de calor, tienen un mayor número de kilowatts hora a bajo precio. Aún así es caro.

Producir energía nunca será barato. Los costes fijos de una planta renovable son cuantiosos y el costo variable de equipos convencionales (dependientes de hidrocarburos, principalmente) también es alto e inestable.