Los tiempos de la política se dan en el marco de una sucesión adelantada y un presidente que de los objetivos electorales hace prioridad. Un gobierno que se desvía de su tarea es un inconveniente, ilegal y entraña un riesgo por la parcialidad de quienes por su investidura deben mantenerse al margen de la contienda. Las plenarias que realizan los grupos parlamentarios suceden en este contexto.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y muchos de sus correligionarios, son víctimas de la anticipada disputa por el poder. Afortunadamente para él y los suyos, el senador tiene bien acreditada su lealtad histórica al movimiento y al presidente López Obrador; pero, no es suficiente, porque el alineamiento que se construye en el marco de la polarización demanda lo que Monreal no puede dar: sometimiento y subordinación.

Los radicales en Morena, exégetas oficiosos de las supuestas intenciones de López Obrador, pretenden echarlo de la coordinación. Monreal debe resistir la embestida y lo está haciendo a partir de un sentido de dignidad personal y de compromiso con el Senado de la República. El presidente López Obrador debe hacer su parte para que en el Senado prevalezca la unidad.

La elección de Alejandro Armenta como presidente del Senado en voto secreto, con presencia de los medios, en elección competida al interior de la fracción morenista es un sano precedente y un afortunado desenlace, mérito en buena parte de Ricardo Monreal y un paso en la dirección correcta. El presidente López Obrador debe apreciar todo esto como un logro y una señal inequívoca de que hay lugar en Morena para la democracia.

El senador Monreal ha definido postura frente a una decisión presidencial claramente inconstitucional y que divide a Morena: la militarización de la guardia nacional. Es forma y es fondo. No hay manera de hacerlo por la vía de la legislación ordinaria. El artículo 21 constitucional es claro: el agrupamiento es una entidad civil y su adscripción administrativa es a la secretaria responsable de la seguridad y no a la de la defensa nacional.

El negativo precedente de la Corte al no anular la Ley de la Industria Eléctrica, por un voto en el pleno, significó que el presidente se vea alentado en proponer leyes inconstitucionales con la expectativa de que no se revertirían por la Corte porque no se darían los 8 votos de los ministros obligados para anular la disposición. Es una apuesta a la inconstitucionalidad y al sometimiento de algunos ministros, y se revoca la capacidad de la Corte para anular los actos inconsitucionales de las autoridades; para el caso específico las leyes del Congreso a contrapelo del texto constitucional.

La militarización es un tema de legalidad, pero también de conveniencia y prudencia políticas. La recomendación de especialistas y órganos internacionales, incluyendo a la ONU, así como las mejores prácticas, determinan que los militares no deben hacer la tarea de policía; su actuación debe ser excepcional, temporal y limitada territorialmente. El mando civil es la clave. El régimen de escrutinio, la transparencia y la rendición de cuentas a la que están sujetos los policías no es el mismo que el de los militares. Seguramente para el presidente estos asuntos son ociosos e inconvenientes, como se advierte del decreto para promulgar las obras públicas materia de seguridad nacional; pero, son fundamentales para evitar la corrupción, acreditar la estricta legalidad y para el control civil, sea por la autorregulación administrativa, la del Congreso, la de los órganos autónomos y la de la sociedad misma.

El senador Ricardo Monreal ha hablado con claridad y determinación. Se está configurando un antes y después para el régimen y para el proceso sucesorio en curso. Cualquiera que sea su perspectiva de largo plazo ha ganado mucho para sí, para el Senado, la República y la política nacional. Ante la devastación de las instituciones de la democracia y la conducta abyetca de muchos dentro y fuera de la política, es alentador alguien decidido a hacer valer el sentido de la dignidad.