En Contexto
La confrontación
entre los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista y el presidente
López Obrador ha transitado de la imposición de mecanismos de control político
y económico al chantaje, la coerción y las amenazas hasta llegar al pitorreo.
Como
consecuencia de la austeridad “republicana” que fue sorprendida por la pandemia
y el estilo personal para enfrentarla, un grupo de gobernadores de partidos
políticos diferentes al del presidente se quejaron por las restricciones
presupuestales dispuestas desde Palacio Nacional y por el aislamiento que se
les dio en la toma de decisiones que vulneraban su soberanía, que aprovecharon con
razón para invocar violaciones al famoso Pacto Federal.
Desde 1917
cuando se formó el Estado Mexicano se acordó que, aunque soberanos, los estados
y ´municipios al unirse delegarían su representatividad en un gobierno central
que los representaría como nación, bajo las normas estrictas establecidas en la
Constitución.
Sin embargo,
este esquema federal establece que esa forma de gobierno se sustenta en una
descentralización administrativa de un grupo de entidades públicas con
personalidad jurídica y patrimonio propio que dependen de una centralización
política.
Ante la
coyuntura derivada de la contingencia del COVID-19, algunos gobernadores
consideraron la posibilidad de examinar las reglas del juego político
centralista y contrario a la democracia que se acrecentó en casi dos años, mediante
la revisión de la parte financiera del Pacto Federal, sin considerar que esa
posibilidad se ha convertido en posesión del Presidente de la república que le
representa el control político, económico y social. El simple cuestionamiento dio
paso a una lucha campal de máscara contra cabellera y sin considerar quién tenía
más posibilidades de ocupar el grupo de los rudos.
En medio del
desdén político y en una de sus visitas a la lona, los mandatarios estatales se
envalentonaron, recogieron el sentir popular y dijeron que había llegado la hora
de respetar el espíritu republicano, federalista y democrático de México, de
replantear el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, reconsiderar la
extinción de los 109 fideicomisos y ponderar un cambio de ruta en la estrategia
federal contra la pandemia por Covid-19.
Pidieron establecer
un diálogo efectivo y una empatía real. Desde lo alto de las cuerdas amenazaron
que si no se establecen puentes firmes y de respeto entre el gobierno central y
los estados y municipios, se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser del
pacto federal.
Desde la esquina
de los rudos, por la mañana se escuchó un sonoro ¡Uy que miedo!
En lo que va de
este sexenio y en los anteriores, el Pacto federal se ha puesto en duda muchas
veces. Ya sea por la desigual distribución de los recursos fiscales o las
políticas públicas que pasan encima de las soberanías locales, por decir lo
menos.
Javier Corral,
el gobernador de Chihuahua, sabe de este tema. En 2018 emprendió durante 16
días su Caravana de Dignidad para exigir al entonces presidente Peña Nieto la
entrega de 900 millones de pesos y exhibir la manera en la que el Ejecutivo
federal ahoga con las participaciones fiscales federales.
En la
actualidad, el presidente López Obrador también se ha valido del control
central del poder para violentar al federalismo y la soberanía de los estados y
municipios en varias ocasiones y en muy corto tiempo.
Incluso, lo hizo
antes de tomar posesión al anunciar la creación de los Superdelegados. Más
tarde, con la imposición de la Guardia Nacional y ahora con el control de los
recursos federales.
Con los coordinadores
estatales de Programas Sociales del Gobierno de México se dijo, sin dar
muestras hasta ahora de algún resultado, que serían parte del combate a la
corrupción en la operación y supervisión de los planes, programas y acciones de
la Federación en los estados, lo que constitucionalmente es una invasión de las
competencias de los poderes estatales, legal y democráticamente establecidos.
En el caso de la
Guardia Nacional, el gobierno de la 4T excluye a los gobernadores de las acciones
en materia de seguridad para convertirse en invitados a los Consejos Estatales
de Coordinación con lo que, en la práctica, las autoridades locales se
subordinan a las federales en un esquema de militarización de la vida pública.
Como se aprecia,
el Pacto federal que fue concebido para promover el desarrollo equitativo de
todos los miembros de la Federación a fin de evitar contrastes y rezagos no
solo ha sido exactamente lo contrario sino que en una lucha libre los
gobernadores ya cayeron en la chacota presidencial de amenazar con hacer
consultas públicas para decidir si rompen o no con la federación.
Se les olvida
que la Constitución es norma por ser Pacto federal. ¿Quién le hace el juego a
quién y para qué?
@lusacevedop
