Hay una escena que se repite en México con una regularidad que ya debería darnos vergüenza. Un periodista está investigando algo incómodo. Un caso de corrupción, una fosa clandestina, una ejecución extrajudicial. Una noche, su teléfono emite una alerta silenciosa. No es un mensaje. No es una llamada. Es su propio dispositivo advirtiéndole que alguien está dentro. Alguien con acceso a todo. Sus contactos, sus fuentes, sus mensajes cifrados.

Ese periodista ya no puede trabajar tranquilo. Pero no va a denunciarlo. ¿Para qué? Sabe lo que va a pasar. Sabe que la investigación se va a archivar. Sabe que el fiscal va a decir que no hay pruebas suficientes. Sabe que, en el mejor de los casos, el caso va a quedar en un cajón.

Y sabe algo más: al día siguiente, tiene que seguir trabajando. Como si nada. Porque si se detiene, gana el silencio.

Eso es lo que una investigación de la Universidad de California en Berkeley acaba de documentar con una crudeza que debería sacudir al país. El informe Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México contabilizó 337 asesinatos de periodistas y defensores entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024. Setenta y ocho eran periodistas. Doscientos cincuenta y nueve eran defensores de derechos humanos. Pero el dato que debería helarnos la sangre no es el número de muertos. Es el número de impunidad. Entre el 93% y el 99% de esos casos nunca llegaron a una sentencia.

Leámoslo otra vez. De cada cien periodistas asesinados en México, entre noventa y tres y noventa y nueve crímenes quedaron sin castigo. No es un sistema que falla. Es un sistema que funciona exactamente como está diseñado.

El informe va más allá de los homicidios. Documenta el uso sistemático de herramientas de vigilancia como Pegasus contra periodistas y defensores, con evidencia forense que rastrea la operación de estos programas hasta estructuras de la Secretaría de la Defensa Nacional. Documenta también el uso de tecnologías como Geomatrix y equipos de extracción forense de dispositivos, todo sin autorización judicial. Y documenta cómo las conferencias matutinas del expresidente se convirtieron en un espacio desde el cual periodistas fueron señalados por su nombre, exponiéndolos a campañas de hostigamiento digital que, en algunos casos, terminaron en violencia física.

La directora de Responsabilidad Internacional del centro de derechos humanos de Berkeley lo dijo sin rodeos: "Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder".

Pero aquí está la parte que casi nadie está discutiendo. En julio de 2025, el Congreso mexicano aprobó un paquete de reformas —a la Ley de Telecomunicaciones, a la Ley de Población, a la Ley de Seguridad Pública— que, en lugar de cerrar las puertas al espionaje ilegal, las abrió aún más. Eliminó el requisito de autorización judicial para acceder a datos de telecomunicaciones. Permitió la geolocalización en tiempo real sin supervisión. Otorgó facultades de recolección y procesamiento de información personal a instancias militares y de inteligencia sin mecanismos de rendición de cuentas.

Es decir: en un país donde ya se había documentado el uso ilegal de programas de espionaje contra periodistas, la respuesta del Estado no fue investigar y castigar. Fue legalizar la práctica.

La impunidad no es un accidente. Es un mensaje. Y el mensaje es claro: atacar a la prensa no tiene costo. Cuando el 99% de los crímenes contra periodistas quedan sin castigo, el Estado no está fallando. Está comunicando, con la frialdad de los números, que hay vidas que no valen lo suficiente como para que alguien pague por quitarlas.

México se ha convertido en el principal cliente mundial de Pegasus, con 456 ataques documentados en el último año. Y mientras el país se debate entre reformas que amplían la vigilancia y una sociedad que cada vez confía menos en sus instituciones, la pregunta que debería obsesionarnos no es tecnológica. Es moral.

¿Qué clase de país somos si el precio de investigar es la muerte, y el precio de matar es la nada?