Se trata de un certificado gratuito, que será emitido en formato digital o físico y con la información al menos en el idioma del país emisor y en inglés, que armoniza los sistemas de cada Estado miembro y ofrece información básica sobre la situación médica de su titular con respecto al coronavirus, pero evita el intercambio de datos protegidos y garantiza la veracidad de la información recogida.

Además, las instituciones de la UE han dejado claro en el proceso de negociación que el certificado no debe ser entendido en ningún caso como una suerte de pasaporte ni de documento de viaje porque no interfiere en el derecho a la libre circulación, que asiste a todos los europeos tengan o no el nuevo documento europeo.

Su puesta en marcha en el conjunto de la Unión Europea está anunciada para el 1 de julio, aunque ya hay cerca de una decena de países que entregan certificados europeos a sus ciudadanos vacunados y el comisario de Justicia, Didier Reynders, instó el martes al resto a empezar a distribuirlos «desde ya» para evitar un «big bang» en julio si se produce una demanda excesiva o surgen problemas técnicos de última hora.