El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 ya está en poder del Congreso del Estado, donde las y los diputados que recientemente fueron reprobados por su deficiente labor legislativa, procederán a su “análisis”.

Para que en el legislativo se pongan a trabajar en el estudio de ese documento, falta mucho tiempo, pues actualmente se encuentran en receso. Regresarán hasta el primero de febrero cuando inicie el segundo período ordinario de su primer año de ejercicio legal.

Según el gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona, el Plan “traza la ruta de una nueva forma de gobernar”.

El pasado día 22 de octubre, se instaló el Comité de Planeación del Desarrollo y enseguida, emitió convocatoria a una consulta pública para integrar el documento que regirá las políticas públicas de la administración estatal durante los próximos seis años.

Aparte, se realizó una Consulta a los grupos étnicos de la entidad, que concentran a comunidades y gente que en su mayoría viven en condiciones de rezago y marginación. La población indígena, obvia decir, reclama atención y solución a su diversa problemática.

El Plan deberá ser aprobado durante el primer trimestre del año y luego ser publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Los ejes que forman la estructura del Plan son: Bienestar, Seguridad y Justicia, Economía Sustentable y, Gobierno Responsable.

Son los mismos ejes que forman la columna vertebral del Presupuesto de Egresos 2022.

La aprobación de dicho Plan es un hecho habida cuenta de que el gobernador Gallardo parece tener pleno control del poder legislativo. Deberá ser aprobado sin modificaciones de fondo, a menos de que haya quienes se atrevan a contradecir la propuesta del ejecutivo.

De hecho, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Luis Fernández Martínez, luego de recibir el documento, anticipó que “seguramente existirán muchos puntos de coincidencia entre la visión del Ejecutivo y del Legislativo”.

Cuando se anunció la consulta, el mandatario adelantó que la prioridad en todos sentidos, es la población pobre, que en San Luis Potosí es de más de millón y medio de personas.

Los que menos tienen es la prioridad en el Plan, pero tampoco puede ser todo.

Lo deseable es que la legislatura sea capaz de realizar un análisis a profundidad y con rigor del documento recibido. Abrir la información en un ejercicio de transparencia para que la sociedad se entere de los trabajos de revisión.

Las y los diputados tienen la responsabilidad de entregarse a un trabajo serio, responsable y ético del contenido del Plan.

Se ha visto en el primer período ordinario de sesiones que el trabajo en comisiones no es constante, asisten los que quieren y otros de plano no hacen nada. Lo prudente es que trabajen como corresponde.

Esperemos a ver sí son capaces de hacer algo bien.

En el primer período su índice de rendimiento legislativo fue de apenas 7 por ciento, lo que muestra la poca atención que dieron a las más de 150 iniciativas de ley presentadas.

El Plan reflejará una “nueva forma de gobernar”.

A ver si es cierto.