José Luis Camacho Acevedo.
La del Partido Verde mexicano es una historia
plagada de componendas entre sus líderes y el poder en turno, por la vía del
dinero sucio, y de traiciones a los postulados ecológicos universales y fundamentales.
Desde ya hace bastantes años que el PVEM no es
sino la caja fuerte del grupo que lo está dirigiendo en un momento determinado.
Una caja bastante atractiva para cualquier
bandido, apoyada con los recursos provenientes del INE y lo que obtienen de
esquilmar a alcaldes que ganaron bajo las siglas del Verde.
Hoy el INE tiene la Espada de Damocles sobre el
cuello político del PVEM.
Es por las sanciones que debe de imponer a
causa de la violación de la veda electoral cometida por el VERDE el pasado
domingo, transmitiendo apoyos para sus siglas a través de mensajes emitidos por
un grupo de influencer en redes sociales.
Esos influencer, que pueden ser un éxito en su
campo de acción, no representaban para nada a la sociedad mexicana ante su
obligación de votar por un cambio que mejore al país en todos sentidos.
No me imagino
a personajes ya muy traqueteados en el mundo de la farándula como Raúl Araiza, actor y conductor de Televisa leyendo
la Constitución mexicana o un libro de política social.
De igual manera creo que tendrán mucho para mejorar su status de
conocimientos políticos la modelo Celia Lora, el actor Gabriel Soto o la
controvertida conductora Laura G.
El PVEM, violador contumaz de las leyes electorales debe ser sancionado
de una manera ejemplar.
La sociedad no merece pasar el trago amargo de ver como sus impuestos van
a parar financiando a los partidos, que están en manos de una pandilla de
delincuentes con disfraz de políticos, y que gastan los recursos públicos de
una forma ineficaz e irresponsable.
El daño cometido por el PVEM tanto a nuestro proceso de afirmación
democrática, como a la imagen del espectro de los partidos políticos mexicanos
es muy grande.
La condena a los influencer es irrelevante. Ellos fueron contratados,
necesitaban el ingreso y aceptaron.
Pero el caso del PVEM como institución financiada por el estado, es un
caso a todas luces punible, pero que, si el desenlace deja una impronta de
impunidad, estaremos regresando décadas en nuestro intento de convertirnos en
un país de leyes, genuino y libre.
