La derrota del proyecto de reforma constitucional en materia eléctrica ofrece también la oportunidad de ajustar cuentas con una parte de la clase política que le debe mucho a la desmemoriada sociedad: el Partido Verde Ecologista de México.

Muchos ciudadanos aprendieron en estos días que las redes sociales sirven para algo más que intercambiar insultos en épocas de polarización. Hicieron un marcaje personal a los diputados opositores que atajó la posibilidad de que el gobierno comprara las voluntades necesarias para ganar esa votación. Una vez derrotada la reforma, varios de los mismos ciudadanos iniciaron, de nuevo en redes sociales, una interesante campaña para provocar la pérdida del registro del Partido Verde; el aliado de Morena que apoyó, con sus votos, los contaminantes proyectos de reforma en materia eléctrica.

Los partidos franquicia subsisten porque tienen franquiciatarios, disfrazados de dirigentes, que además de saber vender sus votos, son hábiles para manipular y ganar votantes que, por increíble que parezca, sufragan por sus logotipos y les permiten conservar su registro.

El Partido Verde Ecologista de México es el ejemplo más exitoso de este modelo de corrupción política que nace de las componendas entre grupos de oportunistas y gobernantes de todos los signos partidistas, pero que permanece en el espectro partidista porque la sociedad no se decide a echarlo y le concede, por diversas razones, suficientes votos para subsistir y hasta para crecer.

La permanencia del PVEM obedece a que le ha sabido vender sus votos al poder, pero también a que determinados sectores de la sociedad lo han apoyado, ingenuamente por lo general, pero irresponsablemente a veces, o por intereses particulares en algunos casos. Quienes han advertido, porque se han preocupado por investigar y entender, que el PVEM ni es partido, ni es ecologista sino oportunista, ni aporta nada a la democracia mexicana, tampoco habían iniciado, hasta ahora, ninguna acción decidida para detener al más descarado ejemplo de la franquicia electoral que oculta un vergonzante negocio familiar.

Aliado del viejo PRI salinista, del PAN foxista, del peñanietismo y ahora de Morena, los ejemplos de las operaciones oscuras que involucran al PVEM abundan. Hoy nadie en el gobierno federal quiere recordarlo, pero el Partido Verde fue la causa de que se adelantaran aquellos videoescándalos con que, hace 18 años, en 2004, sus adversarios iniciaron el descarrilamiento del proyecto político del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. El PVEM estaba en su peor crisis porque se filtró a la prensa un video de Jorge Emilio González Martínez, negociando un soborno de dos millones de dólares con un desarrollador de Quintana Roo para conseguirle, ilegalmente por supuesto, permisos para construir cuartos de hotel en la zona de reserva ecológica de Cancún. El video era tan contundente y sus consecuencias tan graves para el partido y el “niño verde”, que él, su padre y otros miembros de la cofradía acudieron al ex presidente, Carlos Salinas de Gortari, para pedir su ayuda y evitar la destrucción de la franquicia familiar disfrazada de partido. Aquella ayuda tenía un precio, pero en política todo lo que se puede comprar resulta barato y, bajo la lógica de que un escándalo mayor siempre desplaza a otro escándalo menor, la solución que se operó fue adelantar algo ya programado: detonar los videos que el argentino Carlos Ahumada tomó de Gustavo Ponce, René Bejarano, Ramón Sosamontes y Carlos Imaz Gispert, cuando recibían fajos de billetes con ligas y en bolsas, del argentino y en sus propias oficinas. Los videoescándalos  estaban pensados para detener el avance del tabasqueño que, hasta ese momento, era el más sólido precandidato presidencial y muy probable ganador de la elección presidencial de 2006. Exhibirlos estaba decidido, pero sería en una fecha posterior. Sólo se adelantaron para ayudar al PVEM a superar, por desplazamiento y desmemoria, las críticas y el desgaste por el video de su líder, pues resultaba más atractivo e impactante ver a los lopezobradoristas recibiendo sobornos de Ahumada, que ver y oír a Jorge Emilio González extorsionando a un desarrollador inmobiliario de Quintana Roo.

Después de observar a los falsos ecologistas vivir cómodamente del presupuesto por casi 30 años, recibir (nunca ha ganado ninguna por méritos propios), diputaciones, senadurías y hasta gubernaturas a pesar de dejar constancia, elección tras elección, de su proclividad a vender su apoyo al mejor postor y moverse, sin pudor, de un lado a otro del espectro político, la sociedad ya no puede llamarse engañada por los usufructuarios del ecologismo de utilería.

A estas alturas, cuando el PVEM ha inventado nuevas formas de violar las leyes electorales y de exhibir una falta absoluta de escrúpulos, cuando además la realidad ha demostrado que la ley y las autoridades electorales no tienen suficientes herramientas, ni voluntad tampoco, para poner fin a los abusos del grupo que regentea esas siglas, está claro que la única forma de ponerle fin a ese negocio fondeado con recursos públicos, es lograr que la sociedad lo dinamite, negándole los votos en las próximas elecciones federales.

El Partido Verde es una anomalía de la política que ha sobrevivido demasiado tiempo. Le ha costado miles de millones al erario nacional, ha sido clave para degradar la bandera ecologista en México, ha encumbrado a vividores, siempre ha representado intereses particulares en detrimento de la nación y la sociedad y, ha hecho del engaño y la manipulación mediática, todo un arte para llevar a una trampa, a mexicanos integrantes de la clases media alta y alta, con escolaridad y sin la justificación de la pobreza. Lo ha conseguido, en parte, abriendo el espacio de la actividad legislativa a actores, cantantes, actrices y juniors sin vocación de servicio ni proyecto de país, pero con un enorme apetito por el poder y los negocios que se pueden hacer a su amparo. Jorge Kawagi, Jorge Emilo González Martínez, Bernardo de la Garza, Karen Castrejón, Manuel Velasco, Janine Quijano, Carlos Alberto Puente, Arturo Escobar, son algunos de los personajes que han dejado constancia de cómo prostituir una causa y aprovecharse de una bandera noble como la Ecología, para ganar votos y luego venderlos a quien mejor pague por ellos en el mercado de la política.

La redes sociales pueden servir para mucho más que solo simular conciencia y protestar de forma estéril. Si la sociedad abraza e impulsa la causa ciudadana contra el PVEM, y lo hace difundiendo quiénes son sus usufructuarios, cómo han hecho del trafico de votos legislativos un millonario negocio, y cómo se les puede expulsar de la política, la sociedad habrá avanzado en la construcción de otro novedoso mecanismo de control sobre su poco confiable clase política.