La iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, presentada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y asumida como propia por la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, plantea la creación de un tribunal de disciplina judicial, el cual perseguiría delitos de corrupción de jueces, ministros y magistrados.

Éste estaría integrado por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de seis años, propuestos por los poderes de la Unión.

El Poder Ejecutivo nombraría uno, el Senado nombraría otro y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombraría tres.

El tribunal podría además recibir denuncias de cualquier persona o autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes.