Todo giro fundacional requiere de justificación trascendental. La involución democrática ha caricaturizado el pasado reciente para emprender la destrucción de las instituciones de la democracia y sus ejes como es la división de poderes. Sorprende que muchos observadores acompañen al régimen, dejando pasar la aviesa y mentirosa afirmación que la Corte que dejó de existir estaba sometida a la consigna del poder del dinero, falsedad toda vez que los voceros del empresariado han callado frente a su destrucción.
Se eliminó uno de los mayores logros de la transición a la democracia que, por la gravedad y sus implicaciones, la propaganda oficial necesita justificarse al presentar un Poder Judicial corrupto. Que lo diga la presidenta Sheinbaum y los suyos se entiende; difícil aceptar que la calumnia y la injuria hayan sido convalidadas, por acción u omisión de un sector pensante en la observación de los asuntos públicos. Entre la exministra Piña (o cualquiera de los exministros de la Corte, para el caso), y la ministra Batres hay una diferencia monumental en cuanto a solvencia profesional, ética e integridad, de los demás designados por acordeón está por verse.
A Norma Piña se le critica por una supuesta imprudencia de no haber asumido un papel obsequioso al presidente López Obrador en un evento en Querétaro o por no haber emprendido una defensa mediática o política de la institución. En estos tiempos la dignidad ante el presidente se confunde con provocación. Sólo la ignorancia de qué es la judicatura aquí y en el mundo puede llevar a una crítica de tal proporción. Por el buen juzgador hablan sus sentencias, así de simple y contundente, plano sobre el que debe hacerse un balance de tres décadas de existencia del Poder Judicial defenestrado.
La defensa de la buena justicia no debe correr a cuenta del órgano, sino de sus beneficiarios, los ciudadanos, y queda claro, que de proceder un reclamo por la omisión no es al juzgador, sino a la sociedad a la que sirve. Las elites nunca interiorizaron al régimen democrático porque su anhelo no está en las reglas, la igualdad ante la ley ni en el profesionalismo del quehacer jurisdiccional. Mejor les vienen la discrecionalidad y el tráfico de influencia.
La destrucción de la independencia de la Corte y su indiscutible calidad profesional es suplantada por los juzgadores del acordeón. No es una caricatura, sino una fiel descripción de la mecánica que los llevó al encargo. Mentira y mala broma remitir a una voluntad popular como origen del encargo. La calidad de los nuevos juzgadores y la manera como se transformó al Poder Judicial en su conjunto no garantiza nada, ni siquiera la funcionalidad al régimen de los nuevos juzgadores. El variado y voluminoso acervo de casos a su consideración no pueden ser resueltos solo por la consigna política, también por quienes mayor influencia tienen: el dinero y el poder de intimidación del crimen. Los asuntos de prioridad del régimen son unos cuantos frente a la lluvia de casos que llegan al Poder Judicial.
El país requiere hoy más que nunca de una judicatura independiente, profesional, con perspectiva de justicia en la aplicación de la norma y de la Constitución. El paso dado niega que así suceda y es trágico que la demagogia obradorista, con toda su escenografía de grosera farsa de símbolos precolombinos, sea replicada por los nuevos ministros, con la circunstancia de que el poder sobre el conjunto del Poder Judicial se les ha ido de las manos por la creación de un órgano interno de autoridad con capacidades para remover juzgadores de manera sumaria, con amplia discrecionalidad y sin garantías procesales, incluyendo a los ministros. La libertad del juzgador, fundamental en todo sistema de justicia, desapareció en el nuevo sistema.
A todas luces deseable que el cambio signifique una mejor justicia y que aquellos con fundadas reservas sean desmentidos por la única respuesta digna y concluyente del juzgador, sus sentencias. El nuevo ministro presidente habla de eliminar el rezago, pero existen dos aspectos insoslayables: las reglas del proceso judicial y lo abrumador del trabajo frente a las capacidades de resolución. Lo primero implica cambios que se pueden procesar; lo segundo, recursos y técnicas imposible de solventar en un régimen que ha hecho de la austeridad razón y argumento inamovible.
Como quiera que sea, la ilegitimidad del nuevo Poder Judicial no la resuelve caricaturizar el pasado, sí la calidad de sus sentencias.
