No nos cabe la menor duda: la impunidad es uno de los problemas más graves que enfrenta México. Este fenómeno no solo socava la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, sino que también fomenta una cultura de ilegalidad y corrupción. Los datos de años recientes así lo comprueban:
En el Índice Global de Impunidad 2025, México obtuvo un promedio 46.19 por ciento en el Índice Global de Impunidad, lo que es mayor al promedio global. Es decir, el lugar 69 de 69 países medidos.
En 2023, el nivel de impunidad para los delitos de desaparición de personas fue del 99% y es el más alto en décadas.
La organización Impunidad Cero refiere que, en México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Muy pocos confían en la denuncia y en la impartición de justicia.
En este contexto, la reciente reforma al Poder Judicial, promovida por los partidos de la llamada Cuarta Transformación, se presentó como una oportunidad crucial para enfrentar estos desafíos y promover un sistema más justo y eficiente.
Si bien el sometimiento a la democracia directa, universal y secreta como método para renovar al poder más conservador de la Unión ha sido duramente cuestionado, se han dado muchas esperanzas a los ciudadanos por tener un mejor Poder Judicial; nadie quiere sostener a los mismos jueces, magistrados y ministros que por tecnicismos jurídicos terminan dando impunidad a los grandes evasores fiscales y del respeto a las reglas de los tres niveles de gobierno, a representantes de la delincuencia organizada, a criminales de Estado por omisión, negligencia o comisión y a autores intelectuales de delitos de bajo, mediano alto impacto.
Con estos antecedentes de un país donde la impunidad es la reinante y el respeto al estado de Derecho una tarea pendiente, el 1 de junio se habrán de elegir a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito y, quizá lo más importante, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Fiscal, que serán los encargados de supervisar, sancionar y corregir la actuación de todos los juzgadores.
Todo podría sonar bien, porque México sería el primer país en impulsar la renovación de uno de los órganos del Estado al garantizar mayor participación ciudadana para elegir su integración, algo que sólo ocurre en algunas localidades y de manera restringida, no generalizada.
Sin embargo, porque hay varios sin embargos en métodos similares, se asoman riesgos de distinto calibre y no se ve cómo corregirlos o mitigarlos porque no hay vuelta atrás, no hay en el horizonte inmediato nada para revertirlos. ¿Cuáles son? Vamos del menos al peor de todos:
1) Los infiltrados que han visto el proceso como una oportunidad para tener una posición, aunque en ética y calidad profesional sean dudosas. Ahí los vemos contratando empresas de mercadotecnia y relaciones públicas, armando TikToks, pagando entrevistas en medios electrónicos y posteos en redes sociodigitales hablando de justicia en un discurso e imagen envueltos en frivolidades.
2) Están los vinculados abierta o secretamente a los poderes fácticos del crimen organizado, con los cárteles o con mafias de todos los giros, pero también los hay ligado a intereses económicos nacionales y transnacionales, porque para el poder fáctico no hay nada caro, todo es inversión.
3) Qué decir de los grupos de presión y de interés, tipo miembros de la iglesia paracristiana Luz del Mundo, cuyo líder religioso enfrenta cargos por pederastia en los Estados Unidos. ¿Y serán los feligreses y quizá ministros de culto los únicos religiosos inscritos para ser jueces en un Estado que presumía su laicismo?
4) Por supuesto, así como en los regímenes anteriores se criticó que los partidos en el poder terminaban por echar a perder las buenas ideas, eso pasa con la intromisión discreta e indiscreta de Morena para promover pasarelas de sus candidatas y candidatos y lo hace a través de sus gremios, de los grupos neocorporativos, sindicales, filiales y adherentes.
5) Una tentación inevitable también lo es la utilización del aparato de los tres niveles de gobiernos en la promoción ilegal, abierta o por consigna, de algunas de las candidaturas. Lo han criticado incluso plumas afines a la 4T como Jorge Zepeda o Carlos Pérez Ricart, porque ese descaro nos recuerda al viejo PRI y todas sus mañanas.
6) Como efecto de la improvisación y nulo trabajo de gradualismo político, pues se espera una baja participación, la nulidad y el abstencionismo marcarían el escenario más previsible.
7) Ya lo dijimos antes, el que haya muchos apostadores al fracaso del primer ejercicio democrático para renovar al Poder Judicial puede ser también la gran decepción ciudadana que tenía altas expectativas de que esto sería diferente.
8) A los puntos anteriores habríamos de agregar el peor de los riesgos: La desesperanza. Esa que Fernando Savater describió en una conferencia llamada precisamente “La ética de la desesperanza” como agotamiento mental, emocional y conductual de toda una sociedad. Es estar cansado de tantas decepciones y tristezas acumuladas que no dan ganas de hacer nada más. “Una desesperanza porque no llegan los procesos democráticos o porque no son efectivamente democráticos los procesos”.
Faltan unas semanas para la primera elección, pero los objetivos de la reforma al PJF parecen estar olvidados:
- · Independencia judicial: Fortalecer la independencia de jueces y magistrados para evitar cualquier tipo de presión o influencia externa en sus decisiones.
- · Transparencia y rendición de cuentas: Implementar mecanismos que aseguren la transparencia en los procesos judiciales y la rendición de cuentas de los actores involucrados.
- · Modernización de los procesos: Actualizar y digitalizar los procedimientos judiciales para hacerlos más rápidos y accesibles.
- · Capacitación continua: Ofrecer programas de formación continua para jueces, fiscales y policías con el fin de mejorar sus competencias y conocimientos.
Y, desde aquí, con el poco tiempo que tenemos, deseamos que quienes buscan el fracaso de la elección democrática liberal del Poder Judicial Federal se equivoquen y quienes esperan mancharla, no tengan éxito y sí el repudio de los ciudadanos, “porque el pueblo no es tonto; es tonto quien cree que el pueblo es tonto”.
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