Luis Acevedo
Pesquera
Si alguien tenía
alguna duda, la decisión de la Suprema Corte con relación a la solicitud del
Presidente Andrés Manuel López Obrador para someter a consulta popular la
posibilidad de procesar a cinco exmandatarios, quedó claro que la Justicia es
un poder del Estado, pero eso no significa que sea un poder político ni al
servicio de los políticos.
A partir del
sentido común, es evidente que la polémica decisión mayoritaria de los
ministros de apoyar la propuesta presidencial da sentido cabal al clamor
nacional por actuar en contra de la corrupción y la impunidad, desde el máximo
cargo público al más pequeño en la vida pública nacional. Eso es inobjetable.
Sin embargo, el
espectáculo que siempre es forma, no resuelve el fondo de los problemas. En
realidad, forma parte de una escenificación que atiende básicamente los
criterios de oportunidad y de una ideología que trastoca al Estado de Derecho
porque trastoca al contrato social representado en el consenso que representa
la Constitución como garante de la democracia.
De ahí que los
expertos en la materia jurídica se expresen contrarios a la decisión de la
mayoría de los ministros de la Corte, no por lo que se refiere al derecho a
llevar a cabo consultas populares sino porque se abrió la puerta para que, por
caprichos políticos del grupo detentador del poder, se excluyan las normas que dan
sentido al orden republicano, a la estabilidad y a la certidumbre que promueve
el desarrollo.
Los temas
ideológicos, que son de la política, resultan esenciales para la lucha entre
los poderes Ejecutivo y Legislativo. Para eso existen los partidos políticos
que cobran vida y fuerza en los procesos electorales.
Pero el Poder
Judicial, no está hecho para esos juego y sus representantes no pueden
permitirlo porque es en perjuicio de la sociedad en su conjunto, incluso para
ellos y sus familias.
El Poder Judicial
viene a ser el equivalente al tercero en discordia o de equilibrio, pero para
velar por el interés ciudadano y, por eso, responde al principio de legalidad,
de las normas y su responsabilidad es la de hacer obedecer la Constitución,
incluido el Presidente de la República.
Precisamente, esa
es la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, con la
sorpresiva decisión de dar paso a lo que el ministro presidente Arturo Zaldívar
llamó “oportunidad histórica de abrir la puerta a la participación de los ciudadanos
cuyas voces usualmente son excluidas del debate público” para dar el aval del
máximo tribunal del país para respaldar el juego propagandístico del régimen y
romper, con ello, la indispensable división de poderes que busca la democracia.
En uno de los
debates más importantes, la Corte rechazó por seis votos contra cinco, el
proyecto del ministro Luis María Aguilar, que advertía sobre la
inconstitucional de la consulta popular en los términos exigidos por el
presidente López Obrador.
Pero la mayoría
determinó que la materia de la consulta sí es constitucional, aunque en una
acción gatopardista que expresara una sensación de legalidad, pidieron cambiar la
pregunta.
Entonces, luego
de un receso y por ocho contra tres, se estableció que la nueva pregunta, que
no podrá ser modificada, tampoco podrá mencionar nombres ni pedir
investigaciones, sanciones o hablar de presuntos delitos.
Sin la gracia
del viejo programa radiofónico, los tremendos jueces de la Tremenda Corte
resolvieron un tremendo caso.
Al final fue
como si el protagonista hubiera sido Trespatines, pero sin su gracia, y para
cuestiones prácticas el fallo favorece al jefe del Ejecutivo, que ahora podrá
tener presencia propagandística en todo tipo de procesos políticos como las
elecciones del próximo año o para hacer y deshacer según sus ocurrencias y
prácticamente sin contrapesos.
@lusacevedop
