De los más de 1 billón de pesos que los contribuyentes le deben al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 63% de este monto se encuentra controvertido, es decir, los causantes interpusieron algún recurso legal al no estar de acuerdo con las acciones del órgano recaudador, a cargo de Raquel Buenrostro.

Un adeudo fiscal, también conocido como crédito fiscal, es lo que se genera por los impagos o multas por parte del contribuyente, por lo cual le queda a deber a la autoridad fiscal y debe buscar la manera de pagar dicho adeudo o bien, si está inconforme con éste, buscar un medio de defensa.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del 2021, el saldo de la cartera de créditos fiscales sumó 1 billón 446,667 millones de pesos, de los cuales 914,364 millones de pesos se encuentran controvertidos, es decir, los pagadores de impuestos se fueron a litigio.

Al momento en que los causantes controvierten el crédito fiscal del SAT, este último no podrá cobrar dichos adeudos hasta no haber una resolución, la cual podría tardar incluso años, como lo han demostrado casos como IBM, América Móvil y BBVA, entre otras empresas que en los últimos años han llegado a un acuerdo con el fisco para pagar adeudos fiscales de ejercicios fiscales anteriores.

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, el SAT, que se encarga de recaudar los impuestos y revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, empezó con un combate más agresivo contra la evasión fiscal gracias a modificaciones aprobadas, así como a realizar una mayor fiscalización, sobre todo en el rubro de grandes contribuyentes.

Para este año, se espera que el SAT se enfoque en los “juicios más cuantiosos”, es decir, de mayores montos de adeudos, de acuerdo con lo expuesto en el Paquete Económico del 2022.

“Para la defensa del interés fiscal, el SAT continuará con el litigio de los juicios más cuantiosos para fortalecer criterios jurídicos, evitando así interpretaciones desfavorables de los Juzgadores y el seguimiento de las contradicciones de tesis a favor del Fisco Federal, implementando mecanismos de seguimiento y control de calidad en los procesos”, se lee en la exposición de motivos.