Luego de que comuneros de la comunidad de Tilzapote, Oaxaca, señalaron que con documentos falsos se les pretende despojar de 300 hectáreas de la zona costera, la Notaría Pública No. 78 de aquel estado aseguró que la compra-venta de los terrenos cumplió con todos los requisitos legales y que, sobre el caso, existían además antecedentes notariales remotos. 

Se recuerda que los comuneros calificaron de irregular y fraudulento un título de propiedad otorgado por la citada Notaría; por lo que, en días pasados, solicitaron la intervención del Gobierno Federal para revisar el expediente.

Al respecto, en conferencia de prensa el pasado 8 de enero, a pregunta expresa sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el asunto estaba siendo atendido y que era de conocimiento ya del gobernador Alejandro Murat. 

Por lo anterior, el Corporativo Velásquez Chagoya, al que pertenece la Notaría Pública No.78, emitió un posicionamiento sobre su participación en al caso y aseguró que los documentos que entregó un cliente particular para realizar el mencionado trámite fueron cotejados, reunían todos los requisitos legales y contaban con antecedentes remotos emitidos por otros Notarios Públicos.

“Con el objetivo de transparentar nuestra participación en el proceso, queremos aclarar que la escritura por la transacción de compra-venta de ese terreno se realizó entre particulares y quedó debidamente firmada por todas las partes el 27 de septiembre de 2002; sin embargo, la parte compradora no cubrió el pago de derechos catastrales correspondientes sino hasta marzo de 2018, año en que el trámite de registro quedó concluido como marca la Ley”, aseguró el presidente del corporativo, Ramón Velásquez Chagoya. 

Agregó que en Oaxaca no existe algún límite de tiempo para que algún particular realice el pago de sus derechos catastrales y registrales; por lo que la transacción realizada ante la Notaría se apegó completamente a la legalidad.

Velásquez Chagoya puntualizó que la Notaría Pública No. 78, a cargo de María Antonieta Chagoya Méndez, contó con las correspondientes escrituras públicas cuyos antecedentes datan de 1979 y 1963, así como con los pagos de predial y comprobantes de pago de impuestos en originales y copias.

El directivo afirmó que “el corporativo se ha mantenido siempre al margen de cualquier posible proceso político y de intereses económicos que pudieran estar generando la citada situación de controversia”, y añadió que en repetidas ocasiones han propuesto que se actualice la Ley para que se establezca temporalidad en el pago de derechos y evitar así que los trámites se puedan extender hasta por décadas.