Entra en crisis de credibilidad la elección de presidenta en el PAN
Bastó una semana desde que se publicó la convocatoria para el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y ya entró en crisis.
No podía ser de otro modo en un partido que se ha ido acostumbrando a prácticas antidemocráticas.
Tal vez por esa razón en las pasadas elecciones se aliaron al PRI: se parecen mucho.
La ex diputada federal, Josefina Salazar Báez impugnó la convocatoria emitida el pasado 12 del mes en curso, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La también ex diputada local promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, al considerar que la convocatoria expedida contiene violaciones flagrantes a los derechos humanos.
Acusa que se vulneran los principios constitucionales de: debido proceso, presunción de inocencia, igualdad jurídica y respeto al derecho a votar y ser votado en los procesos internos del partido.
La convocatoria solicita cierta documentación que, extrañamente, no ha sido requerida en ninguna otra elección similar en el país.
Salazar Báez se refiere al apartado en el que se exige la entrega de una carta “con firma autógrafa que contenga la manifestación BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de no tener conflicto de interés alguno, no haber sido condenado, y/o de no encontrarse sujeto a investigación, y/o no tener en su contra la existencia de expedientes o carpetas de investigación por parte de autoridades penales o administrativas competentes, por hechos relacionados con corrupción, uso indebido o ilícito de atribuciones, peculado, cohecho, fraude, abuso de confianza, abuso de autoridad, o cualesquiera de los enumerados en ejercicio del servicio público, patrimoniales o cualquier otro contenido en la legislación penal y administrativa federal y/o estatal aplicable; formato (F-CDE-04-2021)”.
La organización Ciudadanos Observando presentó denuncia en contra de Salazar Báez en marzo de 2018 por presuntos delitos fiscales, relacionados con los apoyos del Congreso del Estado para gestoría.
Sin demostrar nada, esa organización acusó a la entonces legisladora local. El caso, nunca avanzó en la Procuraduría General de Justicia, hoy convertida en Fiscalía General del Estado.
Alguien debió influir en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para incluir en la convocatoria el punto del que se duele Salazar Báez.
Ese alguien puede ser, el diputado federal, Xavier Azuara Zuñiga quien apadrina como candidata a Verónica Hernández Rodríguez.
Por cierto, ayer otra de las aspirantes, Lidia Argüello Acosta, en declaraciones a algunos medios, calificó a Azuara Zúñiga como “cacique” y evaluó que el proceso interno del PAN es una “simulación” para mantener el “cacicazgo” que tiene el control del partido.
En ese sentido, Josefina Salazar, “consideró que esta violación a sus derechos revela el pánico que les provoca la competencia política porque, en el fondo, tienen miedo de perder el derecho de seguir usando al partido para obtener canonjías y beneficios para el grupo político que ha usado sus cargos de forma abusiva y en sus excesos, resultó responsable de la peor derrota electoral de la historia”.
En el PAN ya no hay decoro ni principios: pese al reciente descalabro electoral, el grupo de Azuara pretende mantenerse en la dirigencia del partido cueste lo que cueste.
