Luis Acevedo Pesquera

Horas antes de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta la constitucionalidad de la consulta popular promovida por el presidente López Obrador para llevar a juicio a los exmandatarios, desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, en la Segunda Sala de ese tribunal se llevará a cabo el Recurso de Reclamación 50/2020, derivado de la controversia constitucional 90/2020.

A simple vista parecería un trámite más en materia judicial. Pero no. 

Sin embargo, es relevante porque corresponde al litigio que emprendió la diputada Laura Rojas, en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados en contra del acuerdo presidencial del 11 de mayo para utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y que antes fue impugnado por el gobierno de Michoacán y por la autoridad del municipio de la ciudad de Colima.

Lo relevante del caso es que la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, ponente de este caso pide rechazar de manera definitiva la controversia sin analizar las implicaciones constitucionales del acuerdo presidencial y sus efectos en materia social, política y económica. 

Entre los argumentos para evitar el examen del fondo de ese documento sobresale la falta de legitimidad y representatividad de la diputada Laura Rojas, siendo que en el momento presidía la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ni más ni menos.

A finales de julio, la Presidencia de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de reclamación en contra de que el máximo tribunal admitiera la controversia constitucional bajo el argumento de que la diputada Rojas “se había excedido en sus atribuciones” porque lo había hecho sin la aprobación de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y sólo con base en el artículo 233 del reglamento del órgano legislativo.

Para el gobierno federal, el acuerdo impugnado tanto por la diputada Rojas como por el gobierno de Michoacán y la alcaldía de Colima, no invade la esfera jurídica de la Cámara de Diputados ni la estructura de seguridad de aquellas entidades. En el caso legislativo, asegura que la única vía para impugnar la constitucionalidad el acuerdo presidencial era mediante una discusión previa del pleno, que no ocurrió.

Los mismos argumentos de descalificación fueron utilizados mediáticamente por varios legisladores de Morena, pero la ministra Margarita Ríos Farjat dio entrada a la controversia promovida por la diputada Rojas y dependerá de la mayoría de la SCJN si procede el juicio constitucional sobre la militarización de la vida nacional.

El proceso de esta controversia constitucional en contra de decisiones del presidente López Obrador es, como tanto le gusta, parte del escándalo. 

Más, porque Yasmín Esquivel es la ministra ponente del caso y, como suele suceder en los temas polémicos, resurgió su cercanía con Andrés Manuel López Obrador desde que fue Jefe de Gobierno y por sus presuntos conflictos de interés durante su gestión como magistrada en la Ciudad de México, en favor de su esposo José María Rioboó.

Por ello y por lo que representa la solicitud, sería muy positivo para el país y el estado de derecho que la Suprema Corte, con toda independencia, analice a fondo esta controversia constitucional para que el futuro no se hunda entre la lealtad a ciegas o la justicia a modo.

@lusacevedop