Felipe León López

Los gobernadores de la Alianza Federalista han anticipado el debate de la Convención Nacional Hacendaria al exigir la repartición de recursos en proporción a su participación económica nacional.

Esta semana, mandaron una carta abierta, dirigida al presidente López Obrador, en la cual le piden posponer unos días la discusión en torno al Sistema de Coordinación Fiscal y no recortar recursos a los estados. El titular del Ejecutivo, como ha sido su tono, les respondió que no les debe nada, y la semana pasada afirmó que “lo justo era repartir a los que menos tienen” (en referencia y reconocimiento a que el PEF2021 está más cargado al sur-sureste).

La discusión está contaminada por diversos factores y la coyuntura política previa a la renovación de la Cámara de Diputados federal tiene nervioso al gobierno de la República porque, sin duda, existe el riesgo de que pierdan la mayoría legislativa.

Estamos inmersos en señales políticas del régimen autodenominado de la “cuarta transformación” que no acaban de cuajar: Por un lado, se reitera su ofensiva contra el neoliberalismo, se quiere intervenir en el Banxico y en el INEGI; por el otro, se aplauden e impulsan los acuerdos de libre comercio, así como la atracción de inversiones extranjeras.

Nadie duda de que al país le faltaba más rectoría del Estado en la dirección económica, pues por más de dos décadas los economistas neoliberales ampliaron la deuda social de los mexicanos; sin embargo, nadie quiere un regreso al pasado del poder presidencialista, donde el mandatario en turno podía usar los recursos públicos a su conveniencia, capricho y sin nadie que lo cuestionara.

Así como se rechazó que la tecnocracia se impusiera por encima de la Presidencia de la República y que Hacienda fuera la “gran dictadora”, incluso controlando la interlocución con los gobiernos estatales y municipales, así también se rechaza cualquier intención por retroceder en la democratización de la vida pública.

La actual circunstancia por la que atraviesa el país es producto de la confrontación de dos visiones distintas de cómo deben funcionar las estructuras del poder político: La presidencialista, cuyo modelo funcionó hace tres décadas y mantuvo la estabilidad política, los avances y retrocesos en materia económica, así como la gradualidad de la democratización conforme a la presión política opositora; y la de un modelo que no terminó de cuajar y no fue ni presidencialista ni parlamentario, como lo impulsaron algunos que hoy están en el poder.

Nuestro presidencialismo no fue sustituido por un nuevo modelo, sino por la partidocracia. Lo que se observó fue que esa paulatina partidocracia fue coartando al presidencialismo como el metapoder del Ejecutivo federal. Esa tarea sigue pendiente y se logrará sólo con una gran Reforma del Estado, algo que por ahora no aparece en el discurso de la 4T.

Es momento de actuar con racionalidad, de reinventar el ejercicio del poder y, por tanto, de dar un paso más a la democratización de México, del rescate de la rectoría del Estado y evitar que el apoyo electoral a una oferta política sea traducido erróneamente en la restauración de un régimen que ya evidenció su fracaso.

Para el futuro, ante una eventual derrota o no de Morena en las elecciones de 2021, en lugar de pensar en neutralizar al gobierno federal con otra oposición sistemática a sus decisiones, muy positivo sería que los partidos, y hasta el propio gobierno federal, impulsaran una reforma al sistema político para después del 2024, una decisión realmente radical consistente en cambiar la forma de elegir al Jefe de Estado y al de Gobierno.

No es una cuestión sólo de reorganizar la distribución de los ingresos federales sino de mecanismos democráticos e institucionales apropiados que obligue a los participantes a negociar entre sí para definir una agenda común, para beneficio de todos y no de un partido o una persona.

La idea no es nueva ni descabellada, pues ha sido bien acogida por diversos círculos, más cuando se piensa que serán difíciles los acuerdos entre los Poderes de la Unión.

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