Felipe León López
Esta semana política fue histórica,
porque dos de las instituciones encargadas de garantizar elecciones limpias, el
INE y el TEPJF, debían resolver tres asuntos que han estado sometidos a la presión
de la presidencia de la República y del partido en el poder, MORENA. Por
supuesto, y dados los desplantes y antecedentes con que habían resuelto temas
recientes, hubo muchas dudas de que los fallos fueran conforme a Derecho y que
se atendieran más las razones políticas.
Ocurrió lo que es natural en un estado
de Derecho: se hizo valer la ley y se aplicó pésele a la previsible reacción
del titular del Ejecutivo federal y de sus voceros oficiales como Epigmenio
Ibarra, quien acusa que hay una “idealización del pasado, la falsa
sacralizacion de las leyes y el anticonceptivo cerval; las tres mentiras sobre
las que descansa el pensamiento conservador”, es decir, la Constitución a la
que los integrantes de los tres Poderes de la Unión juraron respetar y hacer
valer.
El punto es que las argumentaciones
propagandísticas y los llamados a ser antisistémicos se contraponen a lo que el
grupo en el gobierno se comprometió a respetar como producto de un ejercicio
cívico y democrático y no de una revuelta o golpe de Estado. El poder público
en México, como en todas las repúblicas, tienen su fuente en la soberanía
popular y se ejerce conforme a lo establecido por las leyes con el objetivo
único: el interés general de la nación: la soberanía reside “esencial y originariamente
en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste”, dicta la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Sin embargo, cuando se ejerce el poder
político por encima del interés general de la nación, éste puede ser abusivo,
pues se antepone el servicio a los intereses personales del presidente o a los
de su partido.
Contra toda la incertidumbre alrededor
del TEPJF, falló contra la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador
y su partido (que en este preciso momento sus comisiones deberían estar
revisando todas las omisiones deliberadas o ingenuas que cometieron y dejaron
en la lona a sus candidatos y sancionarlo conforme a sus estatutos), que no
sólo perdieron las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, sino
que sorpresivamente también acabaron con la sobrerrepresentación en el
Legislativo.
La respuesta del presidente fue muy
previsible al acusar que “fue un golpe a la democracia; tanto los consejeros
del INE como los magistrados del TEPJF actuaron de manera antidemocrática, pero
se explica porque estos organismos vienen del antiguo régimen”. Con ello, tiene
la justificación y los “mártires” del INE/TEPJF para lanzar una nueva ofensiva
que busca la reforma política a su visión particular de entender la
participación ciudadana en elecciones que deben garantizar su ejercicio libre,
universal y secreto. ¿De qué tipo de reforma habla el presidente? Nadie lo
sabe.
Lo concreto es que su partido y sus
candidatos están bajo la evaluación ciudadana y el resultado será producto de
sus errores políticos, no de confabulaciones ni conspiraciones como quieren
justificarse.
Los reveses no quedaron ahí, pues
prácticamente tienen perdido el debate legal, constitucional y político para
extender dos años la permanencia del ministro Zaldívar en la SCJN. La defensa
que hizo el consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra ante una dura Carmen
Aristegui lejos de convencer, preocupó no sólo por la falta de convencimiento
sino por el dislate sobre los reporteros.
En este contexto tampoco hay buenos
augurios para la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que pretende obligar a
los usuarios de telefonía móvil a entregar sus datos biométricos, so pretexto
de combatir la extorsión y el secuestro. Esta semana los comisionados del INAI
decidieron por unanimidad presentar una controversia contra la Ley Federal de
Telecomunicaciones, además de que especialistas, colegios de abogados y
organizaciones ciudadanas estudiosas de las telecomunicaciones han alertado los
graves riesgos que ello implica.
Si la SCJN resuelve negativamente contra
los dos temas anteriores serán duros reveses a los desplantes del Ejecutivo
federal, que a regañadientes ha reconocido que acatará, que no violará las
resoluciones, lo que se le debe reconocérsele.
Más allá de las consignas y rabietas que le aconsejan algunos “asesores”
de la propaganda, el que AMLO acate los fallos es una señal de que sigue
creyendo más en el estado de Derecho que en el abuso de poder, ese poder que
recibió en 2018 con alta legitimidad democrática, como ningún otro presidente
en los tiempos modernos de nuestro país.
López Obrador sabe que persistir en una
imagen autocrática y de abusador del poder le está haciendo daño a su
legitimidad democrática. No es sano que los ciudadanos a los que se dirige sean
sus cómplices de los engaños que le dictan los propagandistas para tratar de
librar el juicio ciudadano de las próximas elecciones. La encuesta de El
Financiero en que hablan de un desgastado modelo de “las mañaneras” debe ser
leída con el cuidado y seriedad.
Como representante de uno de los Poderes
de la Unión está obligado a respetar el veredicto, evitar llamar “provocadores”
a los integrantes de otros poderes y dejar de comportarse como peleador
callejero que busca enganchar a sus adversarios a una trifulca sin reglas.
Por ahora, celebremos que, pese a todo,
ganó el Derecho y se contuvo el abuso de poder, algo que no debe ocurrir ni
pasarle por la cabeza.
Contacto: feleon_2000@yahoo.com
