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Estado de derecho o abuso de poder

por Felipe León López
04-05-2021

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Felipe León López

 

Esta semana política fue histórica, porque dos de las instituciones encargadas de garantizar elecciones limpias, el INE y el TEPJF, debían resolver tres asuntos que han estado sometidos a la presión de la presidencia de la República y del partido en el poder, MORENA. Por supuesto, y dados los desplantes y antecedentes con que habían resuelto temas recientes, hubo muchas dudas de que los fallos fueran conforme a Derecho y que se atendieran más las razones políticas.

 

Ocurrió lo que es natural en un estado de Derecho: se hizo valer la ley y se aplicó pésele a la previsible reacción del titular del Ejecutivo federal y de sus voceros oficiales como Epigmenio Ibarra, quien acusa que hay una “idealización del pasado, la falsa sacralizacion de las leyes y el anticonceptivo cerval; las tres mentiras sobre las que descansa el pensamiento conservador”, es decir, la Constitución a la que los integrantes de los tres Poderes de la Unión juraron respetar y hacer valer.

 

El punto es que las argumentaciones propagandísticas y los llamados a ser antisistémicos se contraponen a lo que el grupo en el gobierno se comprometió a respetar como producto de un ejercicio cívico y democrático y no de una revuelta o golpe de Estado. El poder público en México, como en todas las repúblicas, tienen su fuente en la soberanía popular y se ejerce conforme a lo establecido por las leyes con el objetivo único: el interés general de la nación: la soberanía reside “esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”, dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Sin embargo, cuando se ejerce el poder político por encima del interés general de la nación, éste puede ser abusivo, pues se antepone el servicio a los intereses personales del presidente o a los de su partido.

 

Contra toda la incertidumbre alrededor del TEPJF, falló contra la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido (que en este preciso momento sus comisiones deberían estar revisando todas las omisiones deliberadas o ingenuas que cometieron y dejaron en la lona a sus candidatos y sancionarlo conforme a sus estatutos), que no sólo perdieron las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, sino que sorpresivamente también acabaron con la sobrerrepresentación en el Legislativo.

 

La respuesta del presidente fue muy previsible al acusar que “fue un golpe a la democracia; tanto los consejeros del INE como los magistrados del TEPJF actuaron de manera antidemocrática, pero se explica porque estos organismos vienen del antiguo régimen”. Con ello, tiene la justificación y los “mártires” del INE/TEPJF para lanzar una nueva ofensiva que busca la reforma política a su visión particular de entender la participación ciudadana en elecciones que deben garantizar su ejercicio libre, universal y secreto. ¿De qué tipo de reforma habla el presidente? Nadie lo sabe.

 

Lo concreto es que su partido y sus candidatos están bajo la evaluación ciudadana y el resultado será producto de sus errores políticos, no de confabulaciones ni conspiraciones como quieren justificarse.

 

Los reveses no quedaron ahí, pues prácticamente tienen perdido el debate legal, constitucional y político para extender dos años la permanencia del ministro Zaldívar en la SCJN. La defensa que hizo el consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra ante una dura Carmen Aristegui lejos de convencer, preocupó no sólo por la falta de convencimiento sino por el dislate sobre los reporteros.

 

En este contexto tampoco hay buenos augurios para la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que pretende obligar a los usuarios de telefonía móvil a entregar sus datos biométricos, so pretexto de combatir la extorsión y el secuestro. Esta semana los comisionados del INAI decidieron por unanimidad presentar una controversia contra la Ley Federal de Telecomunicaciones, además de que especialistas, colegios de abogados y organizaciones ciudadanas estudiosas de las telecomunicaciones han alertado los graves riesgos que ello implica.

 

Si la SCJN resuelve negativamente contra los dos temas anteriores serán duros reveses a los desplantes del Ejecutivo federal, que a regañadientes ha reconocido que acatará, que no violará las resoluciones, lo que se le debe reconocérsele.  Más allá de las consignas y rabietas que le aconsejan algunos “asesores” de la propaganda, el que AMLO acate los fallos es una señal de que sigue creyendo más en el estado de Derecho que en el abuso de poder, ese poder que recibió en 2018 con alta legitimidad democrática, como ningún otro presidente en los tiempos modernos de nuestro país.

 

López Obrador sabe que persistir en una imagen autocrática y de abusador del poder le está haciendo daño a su legitimidad democrática. No es sano que los ciudadanos a los que se dirige sean sus cómplices de los engaños que le dictan los propagandistas para tratar de librar el juicio ciudadano de las próximas elecciones. La encuesta de El Financiero en que hablan de un desgastado modelo de “las mañaneras” debe ser leída con el cuidado y seriedad.

 

Como representante de uno de los Poderes de la Unión está obligado a respetar el veredicto, evitar llamar “provocadores” a los integrantes de otros poderes y dejar de comportarse como peleador callejero que busca enganchar a sus adversarios a una trifulca sin reglas.

 

Por ahora, celebremos que, pese a todo, ganó el Derecho y se contuvo el abuso de poder, algo que no debe ocurrir ni pasarle por la cabeza.

 

Contacto: feleon_2000@yahoo.com