Como en los peores años de la declaración de guerra contra el narcotráfico, cuando medios de comunicación, blogs y redes sociales hacían crónica de los desplantes sanguinarios del crimen organizado, mostrándonos sus horrores y sirviendo involuntariamente de instrumentos de propaganda, en este segundo semestre del 2022, a partir del empecinamiento del gobierno de la República por seguir una política de seguridad que, a todas luces es insuficiente y poco efectiva, estamos presenciando un reciclamiento de estilos mediáticos y narrativos de distintos sectores para hacer entender al Estado-gobierno sus debilidades ante el poder fáctico de la delincuencia.
De ahí que, contra la línea oficial de evitar la sobredimensión mediática de las acciones criminales, más allá de la percepción hay registro cuantitativo de que en semanas recientes se ha puesto el foco en el alto índice de homicidios dolosos, de los feminicidios, de asesinatos de menores y la tendencia alcista en las extorsiones. Sin duda, los indicadores son contundentes y, en la vida cotidiana, la inseguridad personal y de nuestras familias nos obligan a todos a exigir resultados y a cuestionar nuestra propia tragedia como el muy grave el crimen contra jesuitas, la masacre a la familia LeBarón, el feminicidio de la cantante en un restaurante de la Del Valle, o de los niños indígenas del Centro Histórico de la Ciudad de México, todos ocurridos en este sexenio que nos prometió paz.
El informe “Ciudades violentas, Panorama Internacional y desafíos para México” del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, cita al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C, sobre el ranking con el medio centenar de urbes consideradas las más violentas. De acuerdo con esta medición, “de 50 ciudades del ranking 2021, se ubican en México 18, en Brasil 11, en Estados Unidos 7, en Sudáfrica 4, en Colombia 4, en Honduras 2 y hay una de Puerto Rico, una de Haití, una de Ecuador y una de Jamaica” (CCSPyJPAC, 2022).
Resolver la actual crisis no es una responsabilidad exclusiva del gobierno en turno, sino de todos los ciudadanos. La descomposición social nos ha llevado a tocar fondo no una, sino muchas veces y, por más que pedimos justicia y nos indignamos, seguimos sin escucharnos a nosotros mismos y, peor aún, la clase política cada día es más ciega, sorda, terca y torpe para tener mínima empatía. A tal grado ha llegado el descaro político partidista que no tienen empacho en vincularse figuras de las bandas, en aceptarlos como financiadores o apoyadores, e incluso, postularlos como candidatos a cargos de elección popular, como ocurrió como nunca en las pasadas elecciones del 2021.
Sin embargo, algo más preocupante está ocurriendo, porque el tejido social tan descompuesto en varias partes del país está sucumbiendo por otra vía más: los factores de la economía popular están siendo copados por redes criminales, y no nos referimos a la mercancía ilegal (piratería o robada), sino esa que todos los días movemos al comprarnos un refresco, consumirnos el gas LP, el agua embotellada… bueno, hasta las tortillas, el huevo, los chiles, el pollo, la carne de res o de puerco.
El tema atrajo mucho la atención cuando en un mercado público de Chilpancingo, Guerrero, asesinaron a un vendedor de pollos por negarse a pagar el derecho de piso, pero era más que derecho de piso, era su negativa a comprar aves de determinada granja y a pagar el precio que la delincuencia estaba imponiendo. Allí, la disputa entre “Ardillos” y “Rojos”, en otros lados, la “NFM”, “CJNG”, “CDS”, “CDN” y otras nomenclaturas.
En Acapulco, este pasado martes, registró 12 narco bloqueos producto de la detención en el municipio costero de Marquelia, del jefe de plaza, también conocido como "comandante de la UPOEG", Jesús Calleja Clemente, a quien según fuentes de inteligencia policial federal vinculan con la célula criminal de Los Rusos, liderada por Orlando Rodríguez Solano, jefe de plaza del puerto, al mando de José Gil Caro, sobrino de Rafael Caro Quintero. Advertidos que quienes no participen en las protestas la delincuencia organizada le quemará sus locales y vehículos del transporte público, cientos de comerciantes y trabajadores de mercados, así como vendedores ambulantes, taxistas, camioneros, y vecinos de colonias suburbanas, bloquearon 12 puntos de Acapulco, desde sus accesos, las principales vías y desde luego, la turística Costera Miguel Alemán.
Un tema de la crisis de inseguridad en Guerrero, como también Michoacán, Estado de México, Colima, Sonora, Baja California, Chiapas, Sonora, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato, por citar las entidades más violentas analizarse más a fondo porque afecta, además de los homicidios, el poder superpuesto del crimen organizado está golpeando a los más pobres y está pasando por encima de las reglas del Estado nación, sino del propio capitalismo al condicionar ellos cómo debe moverse el mercado. Es decir, ya no sólo importan controlar el ciclo de producción y comercialización de las drogas, del tráfico y trata de personas, del secuestro y la extorsión, sino que ahora van por el mercado y, por ende, la economía social.
La situación no es nueva, si consideramos que dicha situación la vivieron Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz en sus peores años; pero ahora, son amplias regiones del país que están padeciendo este fenómeno, al grado tal que cuando Santiago Nieto estaba a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentaba mapas de influencia de los cárteles y sus subgrupos.
Hablamos de la imposición de reglas de consumo y transacciones comerciales: el crimen cobra las cuotas de derecho de piso, pero ahora fija los precios de cabeza de ganado, de los materiales de construcción, de los productos de tlapalerías, del kilo de tortillas, del costo del tanque de gas, de las aves y no se diga de todos los productos agrícolas como maíz, trigo, frijol, frutas, verduras. Bueno, hasta imponer dónde comprar las bebidas gaseosas y alcohólicas y dónde está permitido embriagarse o tener sexoservicio.
Ponerle fin a “la guerra del narco” por decreto y buenos deseos no funciona si el Estado no sólo está siendo rebasado, sino frente a sus ojos el crimen organizado está construyendo un “Estado paralelo” que le disputa militarmente cada territorio, sino que ahora cobra impuestos como derecho de piso y además tiene una estructura económica similar a la Hacienda pública.
Cuando nos referimos a los “estados paralelos” o “paraestados”, consideramos que en México algo similar ocurre a la estructura superpuesta que construyeron los grupos armados en Colombia, cuando, por un lado, operaban territorialmente las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares y, por el otro, los cárteles de Medellín y de Cali. “Un Estado paralelo o paraestado, significa que son grupos que han logrado consolidar un poder económico, político y social de tal significancia, que poseen un control casi que absoluto sobre una gran parte del territorio y en éste imponen sus leyes y normas como lo haría cualquier Estado”. (Wiliam Ortiz Jiménez: “Estados paralelos o los paraestados: un dilema en el actual conflicto en Colombia”, Cuadernos del Sur, 2008)
En nuestro país las guerrillas son prácticamente inexistentes y sólo operan como membretes, pero en cambio, los cárteles sí han orquestado narcoinsurgencia, la cual no tiene ideología; no hay una causa social, sino sólo la identidad tribal alrededor del más sanguinario; una base social distribuida en “halcones” y pandillas y grupos sociales a los que maicean para bloqueos, protestas o conformar “autodefensas” o “guardias comunitarias”. La narcoinsurgencia mexicana se mueve bajo una sola lógica: la imposición del miedo y del terror, porque a diferencia del Estado que puede sancionarnos con embargos o cárcel por no cumplir con las obligaciones fiscales ante el SAT, el “estado paralelo” del crimen nos cobra con vidas.
Esta semana, otra tragedia más: un tráiler con 51 migrantes muertos, de los cuales 27 eran mexicanos, fue hallado abandonado en Texas. Muchas de estas personas son producto de un deterioro poblacional de países como el nuestro, en que el boom del dinero derramado por los cárteles se transformó en aniquilación de futuros, en desplazamientos forzados, despojos de tierras y faltas de oportunidades para salir adelante.
El narco es una insurgencia criminal contra el Estado, escribió Ioan Grillo, periodista británico en un libro del año 2012 a propósito de la situación que vive nuestro país. Y quizá, las autoridades federales encargadas de la política de seguridad, puedan releerlo para entender que no hemos avanzado nada y sí, en cambio, de no corregir el rumbo podríamos pasar del “estado paralelo” a un “Estado fallido”, lo cual nadie desearía ocurriera.
CORCHOLATERO: #EsClaudia vs #AdánVa
Mala señal que Félix Salgado se haya bajado del carro de Ricardo Monreal y ahora busque darle “el beso del diablo” a Claudia Sheinbaum mostrándole su apoyo. Algo más debe hacer la jefa de Gobierno y sacudirse ese tipo de manifestaciones que no le suman, sino que le restan. Y si no me creen, veamos qué pasó en la reciente gira por Guerrero.
Evelyn Salgado Pineda, en la reciente gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, mostró distancia con su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien evita desde febrero, operar políticamente en cualquiera de los múltiples conflictos de la entidad y sólo se pasea por diversos municipios donde los alcaldes, al viejo estilo de lambisconería al poder político, le hacen fiestas en las que canta y convive con sus seguidores, “y en especial, con sus seguidoras”, cuentan. Más aún, nos informan que a Félix la guardia presidencial lo mantuvo detrás de las vallas en su evento de Acapulco y sólo le permitió una selfie de dos segundos. Por cierto, de lo poco que se comentó es que en esta gira de Andrés Manuel López Obrador por Guerrero, se registraron al menos, 11 asesinatos, dos de ellos contra menores de edad, en distintas partes del estado; además, una balacera protagonizada por los “Ardillos” y los “Tlacos” en Chilpancingo y el bloqueo con el incendio de un camión en la carretera Federal Chilpancingo-Acapulco, a la altura del poblado de Mazatlán. Mientras, en Guerrero, Félix y su hija Evelyn, siguen peleados en su co-gubernatura, las células del crimen organizado avanzan para apoderarse de las extorsiones a negocios y poblaciones y siembran el terror con balaceras, asesinatos y quemazones a vehículos y negocios en Acapulco Diamante, Marquelia, Chilpancingo, Tixtla, Tepecoacuilco, Taxco e Iguala, entre otros municipios.
Mientras esto ocurre, Adán Augusto va por la conquista del gobernador de San Luis Potosí, al que ya se puso a sus órdenes. Y bueno, se habla con fuerza de que ya tiene un acuerdo con Marcelo Ebrard y éste, a su vez, está hablando mucho con Monreal. Habrá que esperar más detalles.
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