Durante el último siglo, los sucesivos gobiernos mexicanos han luchado para enfrentar el enorme desafío de la desigualdad. La Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, fue una de las  más progresistas  del mundo en ese momento: reconoció los derechos humanos y ordenó la educación, la vivienda, la salud y la reforma agraria. Posteriormente, una serie de reformas estructurales entre las décadas de 1990 y 2010 insertaron a México en la economía global, convirtiendo al país en uno de los principales exportadores de manufacturas del mundo, así como en un creciente receptor de inversión extranjera.

A pesar de estos esfuerzos, la brecha de riqueza sigue siendo asombrosa. Hoy, el 10% más rico de los mexicanos controla el 43% de los ingresos totales del país, mientras que el 10% más pobre tiene menos del 2%. Los mexicanos se han sentido cada vez más frustrados con el status quo, y en 2018 eligieron a Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como se le conoce popularmente, como presidente con un mandato firme para intentar un nuevo camino.

La decepción, la falta de confianza, la apatía y el escepticismo de gran parte de la sociedad era comprensible. Pero muchos ignoraron las mejoras significativas, aunque incompletas, de los años anteriores. Según datos del Banco Mundial y de la OCDE, la desigualdad ha disminuido constantemente en México desde la crisis cambiaria de 1994-1995. México fue uno de los  tres únicos países de la OCDE (con Turquía y Chile) para ver una disminución de la desigualdad durante ese período. Una comparación entre 2000 y 2018 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación muestra un cierre significativo de la brecha en términos de acceso a los derechos y servicios sociales primarios. El número de mexicanos sin acceso a la atención médica se redujo de 57 millones a 20 millones, al igual que el número de los que no tienen alcantarillado (de 32 millones a 7 millones), agua (de 19 a 9 millones) y electricidad (de 10 a 0,5 millones). Las cifras siguen siendo demasiado altas, pero el progreso es innegable.

Pero en lugar de seguir adelante con lo que ha funcionado y corregir las deficiencias, la administración de López Obrador parece centrarse principalmente en la polarización, particularmente en promover una narrativa contra la corrupción, la impunidad y el “privilegio inmoral”. Estos enemigos son seguramente reales, presentes en diferentes niveles de gobierno y entrelazados con la participación o complacencia de intereses económicos. Pero en lugar de luchar contra ellos utilizando las herramientas de un estado democrático, respaldado por el estado de derecho, las instituciones y un sistema de justicia imparcial, este gobierno ha tratado de vengarse de los "adversarios" históricos, impulsado por un discurso radical y divisivo que desvía la atención de sus propios errores políticos. 

En este mundo, eres liberal o conservador; con el gobierno o contra él; Fifí (acomodado y desconectado) o chairo (clase media y partidario del cambio de rumbo de la administración). Este es el esquema bajo el cual el actual gobierno se percibe y construye su visión de nación. 

Desafortunadamente, este camino no está mejorando las disparidades de nuestra sociedad; de hecho, solo los está empeorando. Incluso antes de la pandemia, la economía de México luchaba con un bajo crecimiento e inversión. Se esperaba que el PIB aumentara un 2,5% en 2019, pero terminó cayendo un 0,3%; este año se espera que la economía se contraiga al menos un 9% (según varias proyecciones), levemente peor que el promedio latinoamericano. La incertidumbre sobre la inversión privada, tanto nacional como internacional, ha sido una constante: la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México por parte de AMLO y el aplazamiento y cancelación de los planes de inversión privada en Pemex, proyectos de energía limpia y por Constellation Brands, son solo entre los más notables. 

Además, el gobierno ha insistido en desviar recursos fiscales hacia proyectos no productivos, como un paquete de rescate para Pemex (para compensar pérdidas cercanas a los $ 50 mil millones entre 2019 y el primer semestre de 2020) sin un plan de negocios que lo acompañe que lo haga viable. a medio y largo plazo. También están los tres proyectos favoritos de AMLO fiscalmente inviables: el aeropuerto de Santa Lucía, el tren turístico Maya y la refinería Dos Bocas, todos los cuales han sido rechazados por socios privados. 

Esta matriz de desarrollo está destinada a fallar. A menos que el gobierno cambie de rumbo, la economía mexicana seguirá luchando y es probable que las divisiones económicas y sociales empeoren. La historia puede ser benévola: siempre quedará una ventana de oportunidad. Un futuro prometedor sigue siendo una opción para más de 130 millones de ciudadanos mexicanos. Es solo una cuestión de realizar los cambios de política adecuados. ¿Tendrán nuestros políticos la estatura necesaria para cambiar sus costumbres?