La dirigencia nacional del PRI se excedió en su reacción hacia los ex gobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich, y de Campeche, Miguel Aysa, invitados por el Presidente López Obrador para ser representantes diplomáticos, en el consulado en Barcelona y embajador en República Dominicana, respectivamente. Señala que “los exgobernadores fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del partido. De aceptar la propuesta del gobierno de Morena estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas, incluida la expulsión”.
Es un caso de hipocresía de Alejandro Moreno. Miguel Aysa fue su sucesor interino en el gobierno de Campeche, y es impensable que tomara una decisión sin haberlo consultado. Tampoco tiene dedicatoria a Claudia Pavlovich, ni siquiera a Quirino Ordaz, invitado para representar a México en España, beneplácito que no ha ocurrido. El mensaje es para los gobernadores tricolores en funciones.
Lo inaudito es que el dirigente del PRI, junto con su coordinador en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, han sido los reventadores del bloque opositor a partir de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica. Asimismo, el acuerdo de no acompañar al bloque opositor en Oaxaca y Quintana Roo obedece a la intención de facilitar el triunfo de Morena en la elección de gobernador.
En realidad, se trata de la disputa por entregar el PRI a López Obrador. Con la excepción de Hidalgo, por razones estrictamente personales, no les interesan las gubernaturas, se trata del voto de los legisladores para aprobar las tres reformas constitucionales anunciadas por el Presidente después de la elección de junio, cuando el mismo mandatario anunció que contaría con los votos de los legisladores del PRI. Todo lo acontecido desde ese entonces, prueba que Moreno y Moreira están en línea para apoyar lo que venga del Presidente una vez que transcurra el proceso electoral y ganen Hidalgo. La cuestión es que Morena quiere la votación de la iniciativa presidencial antes de las elecciones y eso complica el chantaje.
Inexplicable que el PAN y el PRD hayan entregado el poder de la Cámara de Diputados a quienes anticipaban traición al bloque opositor. El PRI no fue la fuerza política más votada en junio, ni la que más diputados obtuvo. Sin embargo, decidieron entregarle las dos posiciones clave en la Cámara: la presidencia de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a Alejandro Moreno, y la Junta Coordinación de Política a Rubén Moreira. La ingenuidad se paga caro.
El comportamiento de Alejandro Moreno en la disputa con los gobernadores ha sido la de un porro; la de Moreira la de un perverso. Se pretende hacer entender a López Obrador que el acuerdo para las reformas pasa por ellos y no por los mandatarios estatales. Ciertamente, es una lucha de poder de un partido en el ocaso. El pleito no es para las elecciones de este año, sino para las de 2023, esto es, Coahuila y Estado de México. En el primero, el PRI puede ganar cómodamente, incluso sin alianza si se deja el proceso interno en manos del gobernador Miguel Riquelme. En el segundo, el bloque opositor está en condiciones de prevalecer si subsiste la alianza y se repite la estrategia acordada entre el gobernador Alfredo del Mazo y Enrique Vargas de 2021. Moreira pretende disputarle a Riquelme la autoridad política en el Estado, el último territorio seguro para el PRI, y en el Estado de México impedir la alianza opositora, como hicieron en Quintana Roo y en Oaxaca.
Cuestionar a los ex gobernadores y golpear a los que están por concluir su mandato es la antesala para la entrega del PRI, no obstante que sus diputados y sus dirigentes fueron electos en el marco del bloque opositor. No se excluye, incluso, que en 2024 suscribieran coalición con Morena. Sin embargo, subsiste la duda sobre cuántos diputados y senadores priístas están dispuestos a seguir la ruta del colaboracionismo, destino inevitable sería la desaparición del tricolor o en el mejor de los casos ser el PARM de Morena.
