Organizaciones civiles, indígenas y campesinas de la Península de Yucatán denunciaron la devastación de 144 hectáreas de terrenos forestales. Acusaron que hay desacato del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a suspensiones judiciales contra el Tren Maya.
También reprochan al Poder Judicial de la Federación obstaculizar su acceso a la justicia.
El grupo, conformado por 92 oenegés —defensores del medio ambiente, las garantías individuales y periodistas— y 12 connotados ambientalistas exhibieron las violaciones a los derechos humanos y que no se ha garantizado un efectivo acceso a la justicia en los litigios contra el ferrocarril del sureste.
Niegan o dilatan la justicia
En conferencia virtual, representantes de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo acusaron que prevalece la dilación en los juicios, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables, lo que son violaciones a los derechos humanos.
Indignación, Kanan Derechos Humanos, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), así como la abogada y activista Kalycho Escoffié han acompañado a afectados en los procesos contra el proyecto. Advirtieron que se está contraviniendo el Convenio de Escazú, al negar o dilatar el acceso a la justicia.
El Cemda, por ejemplo, obtuvo la suspensión de obras de Calkiní a Escárcega; Kanan obtuvo otra, para el tramo donde se ubican Izamal, Chocholá y Mérida, y el CRIPX una aplicable para el municipio de Calakmul. En otros casos, después de un año y tres meses las demandas no han sido admitidas y los expedients son remitidos a otros juzgados, de un estado a otro.
Amparo de CDMX enviado a Campeche
Otro caso que se llama la atención es el de un juicio de amparo interpuesto en Ciudad de México que fue enviado a Campeche, y de ahí, una parte del caso remitido a Quintana Roo y luego a Yucatán.
El pretexto fue que el amparo no podía ser conocido por los juzgados de esas entidades, hasta que el Consejo de la Judicatura Federal decidió en julio pasado que todos los asuntos judiciales del Tren Maya sean atendidos por el Juzgado Primero de Distrito de Mérida.
Después de más de un año de promovidos, se está a la espera de que la totalidad de actuaciones lleguen al juzgado meridano para tener una admisión completa de la demanda, generando denegación de justicia a las comunidades, pueblos y colectivos que consideran, “con bases sólidas. que el Tren Maya es contrario a los derechos humanos”.
Deforestan
Por otra parte, tras sobrevuelos en tramos del ferrocarril por varios municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo se observaron actividades al margen de la ley, como la remoción de vegetación forestal, apertura de caminos y bancos de materiales pétreos, entre otras; se contrastaron imágenes con las satelitales correspondientes a un año antes.
“Se han realizado cambios de uso de suelo en terrenos forestales en al menos 144 hectáreas de selva maya. Igualmente, hay solicitudes de información en las que las propias autoridades indicaron —en respuestas oficiales—- que las zonas “no cuentan con permisos de cambios de uso de suelo en terrenos forestales vinculadas al proyecto del Tren Maya”, se lee en el comunicado.
Eso es una violación directa al derecho a un medio ambiente sano pues, al no haber estudios ni autorizaciones que justifiquen la viabilidad de desmontar terrenos forestales, hay riesgos y daños ambientales; también se pudo constatar que el Fonatur sigue trabajando en toda la ruta con actividades que van más allá de rehabilitación de las obras existentes.
“Eso es una violación a las suspensiones que los juzgados de distrito y tribunales colegiados han otorgado a favor de las comunidades, colectivos y organizaciones, en las que se obliga a las autoridades a abstenerse de ejecutar obras nuevas con relación al Tren Maya”, subrayan las diversas organizaciones que conforman el colectivo contra las obras del ferrocarril.
Aunque se ha modificado el trazo en Campeche y Mérida para evitar desalojos, en comunidades mayas siguen las expulsiones forzosas; incluso, se presiona a pobladores con amparos para que entreguen sus terrenos bajo la promesa de recibir casas nuevas, en la mayoría de casos sin garantías o convenios que les den certeza jurídica.
“Exigimos que el Poder Judicial garantice el respeto de nuestros derechos humanos y actúe con celeridad y diligencia, pues en los diferentes procesos de defensa en la península de Yucatán están ocurriendo muchas dilaciones procesales, desacato de suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables”, acusan las decenas de oenegés y ambientalistas.
