Lodazal es lo que puede decirse en lo que va del caso de García Luna en los Estados Unidos. La deposición de criminales como testigos de la fiscalía en búsqueda de beneficios en sus procesos penales transforma su testimonio en un engendro donde la elusiva verdad se entrevera con el infundio y la franca mentira. Nada bueno quedará por la incapacidad de entender la precaria veracidad de lo allí expuesto. El inculpado podrá ser condenado o absuelto, pero la calidad de las pruebas presentadas hasta ahora poco aportan a la vedad y sí mucho a la maledicencia, especialmente cuando se asume que ser imputado es igual que sentenciado
El juicio es una prueba para la opinión pública nacional, convertida en jurado de un caso en el que prevalecen el escándalo y las afirmaciones de criminales, sin otro objetivo que ganar el favor del fiscal. Se trata de valorar con cuidado señalamientos y afirmaciones de dudosa credibilidad. Sin duda, las incriminaciones de Héctor Villarreal, secretario de finanzas del gobierno del Estado de Coahuila en la gestión de Humberto Moreira, carecen de valor alguno. Las palabras tienen el valor de las intenciones de quien las emite.
Es lamentable que una parte importante de la opinión periodística diera curso al infundio sobre el pago al El Universal para cubrir favorablemente el desempeño del acusado durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. Solo queda el dicho del funcionario, toda vez que el documento ofrecido como prueba de pago no hace referencia a los servicios del caso; ni siquiera hay certeza de su autenticidad. Además, como señaló el diario aludido, hay evidentes falsedades y que el señalamiento no se corrobora con su política informativa y editorial. No se trata de que los medios se protejan unos a otros, simplemente que se apliquen los criterios básicos del periodismo profesional para no dejar de cubrir y exponer la versión de quien es señalado.
Igual puede decirse de la acusación del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, respecto a la protección del gobierno mexicano al grupo delictivo encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. Su desesperada situación para obtener beneficios después de autoinculparse le obligan a imputar sin elemento de prueba alguno al entonces gobernador Roberto Sandoval, y afirmar que el presidente Felipe Calderón ordenó a los dos gobernadores del PRI, Ney González y Sandoval, proteger al criminal. El más elemental sentido común hace inverosímil tal excitativa presidencial, sería tanto como un suicidio político que un presidente de la República ordenara a gobernadores al margen de su confianza política y ajenos a su afinidad partidaria una instrucción de esa gravedad. Simplemente es inverosímil y, por lo mismo, los señalamientos debieran tomarse con mayor reserva.
Es un acto de extrema irresponsabilidad y frivolidad del presidente López Obrador divulgar, propalar y editorializar con un sentido político los testimonios de criminales a partir de su resentimiento a Felipe Calderón y a medios de comunicación independientes, como El Universal. Los dichos difícilmente pueden ser acreditados como elementos de prueba. Es irresponsable y frívolo porque significa avalar a la DEA y a una fiscalía que, en repetidas ocasiones, han actuado de mala fe, con prejuicio y descuido extremo hacia México. Las autoridades mexicanas están obligadas al cuidado y a cierto sentido de reserva, sobre todo, porque dar validez y utilizar políticamente lo que ahora se hace bien, podría enderezarse en un futuro próximo a quien ahora se asume inmune e impune desde su posición privilegiada en el poder. Lo mejor de todo es la noticia de que el juicio se abrevia. El espectáculo pronto llegará a término.
Por elemental decoro, las autoridades mexicanas debieron efectuar por su propia cuenta las investigaciones sobre la presunta responsabilidad del funcionario, a manera de que la justicia nacional cobrara curso. En todo caso, el delito se dio en territorio nacional, entre connacionales y los presuntos efectos de la actividad delictiva dañaron a los mexicanos. Es un oprobio y muestra del imperio de la impunidad que las acciones de justicia penal se realicen en el país vecino por la incapacidad de las autoridades nacionales de hacer justicia.
