La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que judicializará la próxima semana la carpeta de investigación contra diversos personajes públicos a partir de la denuncia que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

En un comunicado, la FGR apunó que Lozoya Austin, en razón de su petición de obtener los criterios de oportunidad señalados por la ley, presentó el día 11 de agosto de 2020 denuncia de hechos en contra de Luis “V”, Francisco “G”, Francisco “D”, Jorge Luis “L”, Ricardo “A”, David “P”, José Antonio “M”, José Antonio “G”, Ernesto “C”, Carlos “T”, entre otros, por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Delitos Electorales, Cohecho, Asociación Delictuosa, etc.

    La indagatoria correspondiente se ha diligenciado en los términos de ley; y la próxima semana se judicializará en contra de quien o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes, quedando el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis de cada uno de los casos denunciados”, señala el comunicado.

La FGR afirmó que el procedimiento penal contra Lozoya Austin se ha llevado en los términos señalados por la autoridad judicial.

“La audiencia intermedia será fijada por el Juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaría (7 de marzo de 2021), la cual quedará pendiente de señalarse, según las normas de emergencia establecidas por el Poder Judicial Federal”, aclaró en el documento.

La Fiscalía apuntó que con base en denuncias presentadas por Pemex, en fechas 27 de enero de 2017 (Odebrecht) y el 7 de marzo de 2019 (Agronitrogenados), se iniciaron las carpetas de investigación respectivas, en las que se obtuvo orden de aprehensión; con la ficha roja de INTERPOL y el apoyo de la Policía Nacional Española, se logró la captura en España de Emilio Lozoya.

Con fechas 28 y 29 de julio de 2020, el Juez de Control del Reclusorio Norte sujetó a proceso al imputado, señalándole como medidas cautelares, la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte.

Dicho Juzgado, hasta el día de hoy, no ha reportado que la persona haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial.