El sistema de integración de la Cámara de Diputados, propiamente desde la reforma política de 1977 conducida por Jesús Reyes Heroles, ha tenido lugar a través del sistema mixto. Una manera de conciliar la elección de diputados por mayoría relativa en 300 distritos electorales y la representación proporcional nacional mediante 5 listas regionales cerradas de candidatos. Originariamente fueron 100 diputados; después, 200.
La iniciativa presidencial de reforma político electoral de López Obrador introduce un cambio que altera en lo fundamental el cambio en los últimos 45 años al eliminar el sistema mixto. Se elegirían 300 diputados por representación proporcional en listas por entidad federativa.
El origen primario de la representación proporcional fue la integración a la institucionalidad de fuerzas políticas preexistentes y, a la vez, dar certeza y asegurar espacio parlamentario a las oposiciones que ya participaban electoral. Su propósito fue dar impulso a la pluralidad. Por eso, los diputados de representación proporcional eran exclusivamente para la oposición. Después, el sistema mixto de representación se introduce en el Senado.
La realidad social del país y la crisis económica obligó a ampliar los espacios de participación de la pluralidad opositora. La elección de 1988 como elección presidencial competida es el efecto de múltiples procesos políticos y sociales. Es el punto de quiebre del sistema electoral que se ve obligado a un cambio a fondo, primero para darle independencia del gobierno; después, de ciudadanizarlo, con el propósito de volverlo autónomo del gobierno y de los partidos políticos.
La relevancia de la reforma de 1996 radica en la democratización de la Ciudad de México, autonomía plena del INE y del Tribunal Electoral y también en establecer candados para que ninguna fuerza política por sí misma pudiera cambiar la Constitución; y se manifiesta con la determinación de que ningún partido pudiera obtener más de 300 diputados y del límite a la sobrerrepresentación de 8 puntos respecto al porcentaje de votos obtenido en la elección. En el fondo es un freno al presidencialismo autoritario al impedir que se pudiera cambiar unilateralmente la Constitución y las reglas del juego político electoral.
La iniciativa de López Obrador rompe con los fundamentos del cambio político al menos en dos aspectos: por una parte, prácticamente excluye a las fuerzas minoritarias para acceder a la Cámara de Diputados; por la otra, propicia la sobrerrepresentación en exceso de la fuerza política minoritaria dominante, con lo que se regresaría al régimen del presidencialismo autoritario, donde la Constitución podría cambiarse con una fuerza política sometida al presidente. En otras palabras, se trata de regresar al régimen que antecedió al proceso de democratización del país.
El sistema mixto tiene una lógica implícita, la elección por distritos electorales genera sobrerrepresentación, los diputados electos por representación proporcional sirven para atemperar tal condición. Además, los diputados por distrito tienen representación territorial, eliminarlos, como plantea la actual iniciativa afecta el sentido de vínculo entre legislador y ciudadano representado.
En perspectiva el ahorro del gasto político o electoral no es un tema fundamental. Lo que sí debe atenderse y corregirse es la corrupción, el gasto discrecional y la opacidad que prevalece en el Congreso. Demeritar la democracia a partir de una política de ahorro es un grave error, y significa ir contra el impulso democrático del último siglo.
El sentido antidemocrático en la integración de la Cámara se robustece con la modalidad para designar autoridades electorales e integrantes del Tribunal Electoral. La iniciativa es un retroceso en prácticamente todo su contenido. Sus bondades son marginales e irrelevantes.
